Evo, Argollo y Salazar son investigados por terrorismo y sublevación
La Fiscalía de Santa Cruz ha admitido la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar. Estos tres individuos son señalados como promotores del conflicto que bloqueó las carreteras durante siete semanas y exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La causa incluye nueve delitos que serán investigados, entre los cuales se destacan el alzamiento armado contra la seguridad del Estado, terrorismo, atentado contra los medios de transporte y asociación delictuosa. El alzamiento armado, conforme al artículo 121 del Código Penal, puede conllevar penas de cinco a 15 años de prisión, mientras que la organización de grupos armados irregulares podría aumentar la pena de 15 a 30 años. El vicepresidente cívico Agustín Zambrana confirmó la admisión de la denuncia, que fue presentada el 1 de julio por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, junto a Zambrana y Dino Franco Barba. El caso, registrado con el CUD 701102012605026, está bajo la dirección de la fiscal Karina Lijerón Suárez. Los denunciantes atribuyen a los tres dirigentes la responsabilidad por las pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares, así como el cierre y quiebra de empresas, daños a la infraestructura vial y muertes durante los bloqueos. Cochamanidis instó a la Fiscalía a avanzar con las citaciones y otras medidas investigativas. Es importante señalar que la admisión de una denuncia no implica culpabilidad ni conlleva automáticamente la emisión de órdenes de aprehensión. El Ministerio Público debe reunir indicios y determinar si existen elementos suficientes para una imputación formal. Argollo y Salazar ya habían sido denunciados en mayo, cuando la Fiscalía ordenó su aprehensión, pero el Tribunal Segundo de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto esas órdenes el 29 de mayo, tras conceder una acción de libertad. Argollo denunció persecución política y criminalización de la protesta. Morales, por su parte, negó haber instruido bloqueos y afirmó que el ampliado de Evo Pueblo del 9 de mayo solo aprobó una marcha desde Caracollo hasta La Paz, además de desvincularse de los Ponchos Rojos que aparecieron armados durante las protestas. Sin embargo, durante el conflicto, respaldó la continuidad de las movilizaciones y exigió nuevas elecciones en 90 días, afirmando que no levantarían el bloqueo de caminos hasta ganar la batalla. Además, reivindicó las protestas como una “sublevación contra el Estado colonial” y acusó al Comité pro Santa Cruz de carecer de autoridad moral para denunciarlo. Durante las protestas de mayo y junio, dos salas constitucionales de La Paz ordenaron al Estado liberar las rutas, argumentando que los bloqueos no son derechos protegidos.