Registro dificulta al agro la compra de combustible en bidones
La implementación de un registro digital obligatorio para la compra de gasolina y diésel en bidones, a través de la plataforma SISCarguío de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha generado preocupación entre organizaciones campesinas, productores agrícolas y líderes cívicos en Bolivia. Estas entidades argumentan que la medida, que busca combatir el contrabando, está impactando negativamente a quienes producen alimentos para el país. Las manifestaciones de descontento se han extendido desde Tarija hasta Beni, abarcando diversas regiones, donde los productores enfrentan dificultades debido a los requisitos burocráticos, la escasa conectividad a internet en áreas rurales y los problemas técnicos del sistema digital. En Tarija, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas (FSUCCT) ha expresado su preocupación, señalando que la regulación llega en un momento crítico, justo al inicio del calendario agrícola. Miles de productores requieren combustible para preparar sus tierras, sembrar y transportar insumos. Herber Quispe, dirigente de la organización, indicó que la normativa no toma en cuenta la realidad de los productores rurales, quienes deben recorrer largas distancias para acceder a estaciones de servicio. Además, el registro virtual presenta constantes fallas, lo que complica aún más la situación. "Esperamos que el Gobierno escuche nuestro reclamo y lo resuelva", afirmó Quispe. Uno de los principales puntos de conflicto es la digitalización del trámite, que exige un registro inicial en línea seguido de una validación presencial en oficinas de la ANH. Esto resulta problemático para comunidades alejadas, como Caraparí, donde cerca del 80% de la población vive en áreas rurales. Manuel Velásquez, presidente del Comité Cívico, destacó que muchos pobladores desconocen la nueva disposición y carecen de las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con el proceso. "Ahora se encuentran con que no pueden adquirir combustible sin este registro", lamentó. Además, los productores deben trasladarse a Yacuiba para completar el trámite, lo que incrementa costos y les hace perder tiempo valioso. Las restricciones también han propiciado el crecimiento del mercado informal. En Bermejo, ya se han reportado ofertas de gasolina a través de redes sociales a precios que rondan los 10 a 12 bolivianos por litro, casi el doble del precio subvencionado. Ronald Torrez, dirigente campesino, alertó sobre las dificultades para completar el registro electrónico y la pérdida de ingresos por la imposibilidad de trabajar. "Estamos en plena cosecha y no podemos llevar el combustible al campo", afirmó. Desde el Gobierno, se argumenta que la nueva regulación es parte de una estrategia para fortalecer el control sobre los combustibles subvencionados y evitar su desvío hacia el contrabando y actividades ilícitas. El sistema SISCarguío busca identificar a los "usuarios directos" y asegurar que el combustible subsidiado llegue a quienes realmente lo necesitan. Aquellos que no se registren deberán comprar gasolina o diésel a precios internacionales, que pueden ser significativamente más altos. Las autoridades sostienen que este control es esencial, dado el alto costo fiscal que implica mantener el subsidio en un contexto de restricciones económicas. El rechazo a estas nuevas restricciones se ha extendido por todo el país. En Riberalta, el alcalde ha cuestionado un decreto que limita la venta de combustibles a vehículos con documentación regularizada, sugiriendo un plazo de seis meses para que los propietarios regularicen su situación. En Santa Cruz, tanto autoridades como líderes de los valles han criticado las restricciones, que afectan directamente a los productores agropecuarios. La situación refleja un descontento generalizado ante las nuevas normativas y su impacto en el sector agrícola.