Gobierno ajustó el PGE 2026 para reducir la contratación de funcionarios y eliminar ingresos ficticios

El Gobierno de Rodrigo Paz ha realizado ajustes al proyecto de Ley 425 de “Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026”, estableciendo seis lineamientos clave. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la prohibición de la contratación de nuevos funcionarios, salvo en sectores críticos como salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Además, se han eliminado los “ingresos ficticios”, como los provenientes de la venta de bonos de carbono, que inflaban el presupuesto en 14.800 millones de bolivianos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que la reformulación responde a la necesidad de corregir el presupuesto vigente, aprobado durante la gestión del expresidente Luis Arce, el cual estaba alineado a lineamientos ideológicos más que a la realidad económica del país. El primer lineamiento del proyecto establece la racionalización de la masa salarial del aparato estatal, prohibiendo nuevas incorporaciones de personal y mandando a las entidades públicas a optimizar cargos y reducir gastos. El segundo punto enfatiza la necesidad de minimizar los gastos corrientes para mantener la operatividad de las instituciones. En cuanto al tercer lineamiento, se busca eliminar ingresos ficticios que habían sido incluidos en el presupuesto anterior, como los 2.000 millones de dólares por la emisión de bonos de carbono, que Espinoza calificó de inviables debido a los largos procesos logísticos y de certificación necesarios. El cuarto lineamiento se centra en el sector hidrocarburífero, donde se estabilizarán los precios de los combustibles y se implementarán medidas para asegurar el abastecimiento, contribuyendo así al saneamiento de las finanzas públicas. El quinto punto se refiere a la protección de sectores sociales, destacando el pago del Bono Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y el aumento del Salario Mínimo Nacional. Espinoza también criticó la eliminación del presupuesto para la Renta Dignidad por parte del gobierno anterior, lo que, según él, buscaba simular una mejor situación económica. Finalmente, el proyecto promueve una inversión pública más eficiente, priorizando sectores y proyectos estratégicos viables. En la madrugada del sábado, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 425 y lo envió al Senado para su tratamiento, con la intención de lograr su promulgación la próxima semana, dada la urgencia de los plazos financieros. El Ejecutivo considera “necesaria” la aprobación del PGE, ya que habilitará el pago de seguros y contribuirá a la disminución del déficit fiscal. Además, se plantea en el PGE que el Gobierno cubra el bono de vacunación, una medida que ha generado constantes paros en el sector salud. El PGE 2026 tiene un plazo de 90 días para su ajuste.