Mendoza dice que no hay sobreprecios en Salud

Después de casi tres semanas sin atender las solicitudes de entrevista de este medio, el secretario municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Paúl Mendoza, ofreció su versión sobre los supuestos sobreprecios junto a su equipo técnico y de comunicación. Mendoza explicó que los precios cuestionados corresponden a presentaciones comerciales, como cajas o paquetes, y no a unidades individuales. Según las órdenes de compra que presentó, las 284 lapiceras del contrato ANPE N° 109/2025 se adquirieron en cajas de 50 unidades a 65 bolivianos por caja, lo que equivale a 1,30 bolivianos por lapicera. Mendoza afirmó que lo mismo ocurre con los folders y las bolsas de bioseguridad, que tienen especificaciones técnicas detalladas para su uso en desechos hospitalarios. En relación al omeprazol (ANPE N° 062/2025), Mendoza indicó que la unidad de medida corresponde a la dosis, ya sea en comprimidos o en ampollas, según lo prescribe una receta médica. Aseguró que el municipio adquirió el medicamento por debajo del precio de referencia fijado por la LINAME, pagando 0,46 bolivianos en lugar de 0,57 por comprimido, y 11,70 en vez de 19,47 en inyectables. Respecto a las ocho declaratorias desiertas identificadas, el responsable de contrataciones explicó que la normativa (Decreto Supremo 4505 y Decreto Supremo 0181) obliga a intentar primero la compra a proveedores nacionales, y si no hay ofertas, el proceso se reencauza como contratación menor si el monto es inferior a 50.000 bolivianos. Esto justificaría la existencia de 37 procesos distintos para medicamentos, ya que la norma exige comprar por ítems y cada proveedor establece su propio precio. Mendoza también desmintió que exista desabastecimiento de medicamentos o insumos en la red municipal, y atribuyó su silencio de casi tres semanas a su agenda de actividades por el 4 de julio. Un peritaje forense sobre otro proceso de medicamentos (CUCE 25-1601-00-1578991-1-1), revisado de manera independiente, respalda parcialmente su argumento, ya que la entidad adjudicó por debajo del precio referencial. Sin embargo, el informe también señala hallazgos que no se explican en el expediente, como un "proveedor preseleccionado" sin nombre ni NIT, discrepancias entre numeraciones de proceso y órdenes de compra, y la falta de un estudio de mercado que respalde el precio referencial inicial. El análisis concluye que hay un control documental deficiente. Este caso es parte de los 113 procesos de contratación en salud que están siendo revisados, y la verificación de unidades de medida, estudios de mercado, actas de recepción y especificaciones técnicas en los 112 procesos restantes continúa en curso.