Asambleístas departamentales rechazan posible designación de magistrados

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó por unanimidad una declaración institucional en rechazo a la designación inconstitucional de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este pronunciamiento también expresa el rechazo a la vulneración de derechos y garantías constitucionales, reafirmando el compromiso del ente legislativo con la defensa del estado social de derecho. La presidenta de la ALD, María René Álvarez, destacó que la declaración surge de la necesidad de preservar el respeto a la Constitución Política del Estado y garantizar la independencia de los órganos de justicia. Álvarez enfatizó que la institución no apoyará mecanismos que, a su juicio, vulneren el procedimiento constitucional para la designación de altas autoridades judiciales o que permitan la injerencia política en otros poderes del Estado. El contexto de esta declaración se enmarca en la controversia generada por un proyecto de ley que propone facultar al presidente del Estado para designar de manera interina a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El vicepresidente Edmand Lara denunció que esta iniciativa sería inconstitucional, mientras que el Gobierno negó haber presentado dicha propuesta legislativa. El viceministro Wilson Santamaría aclaró que actualmente existen seis propuestas en análisis en distintas comisiones legislativas, con enfoques diversos, y que el Gobierno solo fijará una posición cuando haya un documento oficial aprobado para su consideración. Desde el Órgano Judicial, Paola Prudencio, presidenta del Tribunal Constitucional, aseguró que la institución sigue funcionando a pesar de contar únicamente con cuatro de los nueve magistrados previstos por la Constitución. Prudencio rechazó las designaciones por decreto, exigió elecciones complementarias y advirtió que han heredado 20.000 causas pendientes, esperando respuestas de la Asamblea Legislativa. Esta situación se complica aún más con la denuncia de seis requerimientos fiscales que refuerzan las acusaciones contra Morales y Argollo por bloqueos, mientras que el presupuesto general del Estado para 2026 se encuentra en discusión, con la propuesta de la JP al Senado para iniciar la distribución del Impuesto a las Transacciones. Además, Franz Reinaldo Morales asumió como asambleísta indígena, completando así la directiva de la ALD.