Crece rechazo al posible "tarifazo" en el servicio eléctrico
El país enfrenta una creciente tensión social y económica. La reciente promulgación del Decreto Supremo (DS) 5647 ha generado un amplio rechazo en la población, que ya lidia con la disminución del poder adquisitivo. Este decreto modifica la normativa vigente desde 2003, elevando del 3% al 5% el límite máximo de variación de las tarifas de distribución eléctrica. Además, permite que los cálculos tarifarios consideren factores como la inflación, el tipo de cambio del dólar y el precio internacional del gas. Desde el Gobierno, se argumenta que estos cambios son necesarios para adaptarse a la nueva realidad energética del país, marcada por una menor producción de gas natural y mayores costos de generación. Sin embargo, diversos sectores sociales consideran que este ajuste técnico representa un riesgo de incrementos en las tarifas que afectarán directamente a los usuarios. En ciudades como La Paz, ciudadanos han acudido a las oficinas de la empresa distribuidora Delapaz con sus facturas, denunciando aumentos significativos en los cobros y demandando explicaciones. Aunque las autoridades atribuyen estos incrementos a un mayor consumo eléctrico, la preocupación de la población persiste, especialmente en un contexto donde los precios de alimentos, transporte y medicamentos han aumentado considerablemente. En Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales ha manifestado su rechazo a cualquier incremento en las tarifas eléctricas y ha amenazado con movilizaciones si el decreto se mantiene. El descontento también se ha trasladado al ámbito legislativo, donde se han presentado proyectos de ley para abrogar el Decreto Supremo 5647. Parlamentarios argumentan que esta norma vulnera el derecho constitucional de acceso a servicios básicos y transfiere costos derivados de la crisis económica al consumidor final. El diputado Reynaldo Sánchez ha denunciado que su iniciativa ha estado paralizada durante más de tres meses, a pesar de haber recibido un informe favorable en comisión. Por su parte, la senadora Elena Pachacute también ha propuesto una abrogación, argumentando que el decreto contradice la Constitución al trasladar el peso de las variaciones económicas a los usuarios. Ante la creciente controversia, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) ha emitido un comunicado aclarando que el Decreto Supremo 5647 no autoriza aumentos inmediatos en las tarifas eléctricas. La AETN sostiene que la norma fortalece los mecanismos de estabilización tarifaria y que las empresas distribuidoras no pueden modificar las tarifas sin cumplir con los procedimientos regulatorios. Además, se ha enfatizado que un aumento en la factura no necesariamente implica un incremento en la tarifa, sino que puede deberse a un mayor consumo. La AETN ha instado a los usuarios a presentar reclamos si consideran que sus facturas son incorrectas.