Yacuiba: aumentan las exautoridades que piden pago del bono frontera
El conflicto por el pago del bono frontera en el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba continúa escalando. A los cuatro exconcejales que ya cobraron este beneficio, ahora se suman dos nuevas demandas, elevando a 22 el número de exautoridades que iniciaron procesos judiciales para exigir el pago de este derecho laboral, mientras el actual Concejo Municipal prepara una estrategia jurídica para intentar contener el impacto económico sobre las arcas municipales. La presidenta del Concejo Municipal de Yacuiba, Giovanna Gutiérrez, informó que la directiva y el equipo jurídico trabajan en un informe técnico y legal que será presentado en los próximos días, con el objetivo de transparentar el estado de los procesos y definir las acciones que asumirá la institución frente a las demandas.
Según explicó, actualmente existen 22 demandas en curso, aunque se estima que la cifra podría incrementarse hasta unas 38, considerando que todavía hay exconcejales y exautoridades que no iniciaron sus procesos judiciales. Gutiérrez señaló que una de las principales preocupaciones del Concejo es estructurar una contrademanda y analizar posibles acciones ante la Contraloría General del Estado, además de solicitar la intervención de la Auditoría Interna para establecer responsabilidades sobre la administración de estos procesos. Aclaró que, por el momento, no existe una propuesta para reconocer el pago del bono a las actuales autoridades, aunque el tema continúa en evaluación jurídica.
La autoridad evitó adelantar mayores detalles hasta la conferencia de prensa que preparan junto al equipo legal, argumentando que buscan brindar información precisa y evitar errores en un tema de alta sensibilidad institucional. Cuatro exconcejales cobraron más de Bs 1 millón Los primeros beneficiarios de estas demandas fueron los exconcejales Jorge Barnechea, Daisy Urzagaste, Andrés Aguirre y Ana Soria, quienes, mediante resoluciones judiciales, recibieron en conjunto más de un millón de bolivianos por concepto de bono frontera. Explicó que, además de los 22 procesos ya iniciados, existen otros exconcejales e incluso suplentes que ejercieron temporalmente el cargo y ahora también buscan acceder al mismo beneficio, situación que podría representar un impacto económico considerable para el municipio.
Las actuales autoridades remarcaron que estos procesos corresponden a gestiones anteriores y sostuvieron que la administración vigente asumirá la defensa institucional sin deslindar responsabilidades, pero procurando esclarecer cómo se originó la obligación de pago. Riesgo por daño económico Gutiérrez indicó que el pago realizado a los primeros cuatro demandantes respondió al cumplimiento de resoluciones judiciales que incluso contemplaban medidas coercitivas, por lo que el Ejecutivo Municipal optó por ejecutar el desembolso. Sin embargo, aseguró que ahora se investiga el rol que desempeñaron anteriores Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE), secretarios jurídicos y expresidentes del Concejo en el manejo de estos procesos.
La presidenta afirmó que existen indicios de posibles incumplimientos de deberes y eventual daño económico al municipio, aspectos que también serán evaluados por la vía legal. Añadió que uno de los objetivos es recuperar los recursos públicos desembolsados, en caso de establecerse responsabilidades. "Se está sacando plata de donde muchas veces no hay y lo que queremos es recuperar esos recursos; por eso estamos analizando la forma de proceder con las demandas correspondientes", manifestó la autoridad.