Gobierno difumina el 50-50 pero promete nuevo marco autonómico
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, acompañado por el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, abordó la creciente expectativa en torno a la reunión de los Gobernadores con el presidente Rodrigo Paz, en el contexto de la efeméride nacional. En este encuentro, los actores buscan encontrar soluciones a sus problemáticas y fortalecer su posición para el futuro. Espinoza dejó claro que el eslogan del 50-50, que fue efectivo durante la campaña, ya no es viable, a pesar de que las autoridades han insistido en su uso. En su lugar, el ministro centró el debate en el Pacto Fiscal, que incluye una reforma a la Ley Marco de Autonomías, la cual limita la autonomía departamental y municipal.
Los equipos técnicos del Gobierno y de las Gobernaciones han delineado cuatro puntos clave para avanzar en la configuración del nuevo Pacto Fiscal: la condicionalidad del gasto, las bases de la redistribución de ingresos, los mecanismos de alivio de deuda y la reforma de la Ley Marco de Autonomías. En cuanto a la condicionalidad del gasto, el Senado aprobó una ley que exime a varias competencias nacionales de las obligaciones de pago con el IDH departamental, lo que representa un alivio, aunque persisten temas como la confiscación de recursos para el Fondo de Incentivos Petroleros, lo que genera tensiones sobre la distribución de créditos.
La redistribución de ingresos es un tema central en la discusión, ya que no solo se trata de porcentajes, sino de los criterios que se aplicarán. Aunque se suele pensar que la distribución debería basarse en la población, esta premisa ha sido cuestionada en otros países que han avanzado en descentralización. Las regiones más pobladas suelen ser las más fuertes, lo que lleva a la pérdida de población calificada en las periferias. Espinoza mencionó la necesidad de introducir factores de "justicia distributiva" y priorizar criterios de "eficiencia" para controlar el gasto público y el déficit. Además, destacó la importancia de abordar el alivio de deuda, especialmente para departamentos como Tarija, que enfrenta una deuda significativa acumulada por una mala administración en años anteriores. A finales de abril de 2026, la deuda de Tarija ascendía a 944 millones de bolivianos, de los cuales la mayor parte corresponde a deudas con bancos y entidades financieras. La Gobernación de Tarija espera acceder a mecanismos que permitan aliviar su situación antes de discutir otras medidas a partir de 2027.