Paz celebra el pacto “50-50”, gobernadores piden concreción
Después de la euforia generada por el acuerdo entre el Gobierno y los Gobernadores sobre el Pacto Fiscal y una nueva relación institucional el 5 de agosto, el 6 de agosto se vivió un día de reflexión y análisis. Aunque el acuerdo fue calificado como ambicioso y positivo, los antecedentes históricos no invitan al optimismo. Durante la noche del miércoles, se acordó reformar la Ley Marco de Autonomías, la Ley de dominios tributarios, buscar formas de reprogramar deudas, facilitar el acceso directo de las Gobernaciones a la cooperación internacional y asignar una parte de los recursos por coparticipación tributaria a los gobernadores, entre otros temas relevantes. Este asunto ya había sido central en el discurso de Rodrigo Paz ante la Asamblea Plurinacional en Sucre, donde el presidente abogó por un nuevo pacto entre instituciones que trascienda los acuerdos políticos o partidarios, lo que muchos interpretaron como una referencia a la cogobernanza con los departamentos.
Sin embargo, el Gobierno enfrenta la falta de respaldo de las organizaciones sociales que lo apoyaron en las elecciones. La incertidumbre sobre el futuro del Consejo Social, que se reunirá nuevamente en septiembre tras la presentación de leyes como la de Inversiones, añade complejidad a la situación. A pesar de que los números parecen estar a favor del Gobierno, la imagen con los gobernadores oculta en cierta medida su soledad en esta "cruzada". En cuanto a la gestión comunicacional, el acuerdo se presenta como un logro, aunque su implementación requerirá múltiples mesas de trabajo, convenios, decretos y leyes. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó el acuerdo de histórico, destacando la importancia de la autonomía y el derecho de administrar los recursos del territorio, mientras que el vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila, enfatizó la necesidad de avanzar en la lucha por la autonomía desde una perspectiva de diálogo y construcción conjunta.
Existen varios puntos que requieren un análisis profundo y una habilidad política considerable. Uno de los aspectos más críticos es la profundización de la dinámica autonómica, que otorga más poderes y capacidades de gestión a los gobernadores, mientras que más de la mitad del país aún no ha podido redactar y aprobar su Estatuto Autonómico, operando bajo una Ley transitoria. Departamentos como La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí carecen de un Estatuto de Autonomía, no por falta de interés, sino porque sus proyectos fueron rechazados en 2015. Esta situación plantea la necesidad de replantear las rutas hacia la obtención de competencias. Otro tema crucial es la financiación, que actualmente depende de regalías, un sistema que resulta insostenible a largo plazo. La redistribución de recursos, aunque el presidente mencione un concepto de 50-50 para evitar correcciones, requerirá una evaluación y un pacto en función de competencias y criterios.
Por último, aunque el camino a mediano plazo es importante, los gobernadores también están atentos a las promesas de alivio financiero que se han discutido desde que asumieron en mayo, pero que aún no se han concretado. El acuerdo incluye el estudio de mecanismos para el alivio de deuda, siendo el FNDR el principal financiador. Se espera que se encuentren soluciones pronto, y aunque el documento no establece plazos específicos, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se comprometió a hacer disponibles esos mecanismos durante "esta gestión".