Juristas cuestionan el Alto Comisionado de Paz
La creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, anunciada por el presidente Rodrigo Paz durante su discurso por los 201 años de la Independencia de Bolivia, ha generado diversas reacciones entre abogados y expertos en derecho. Aunque existe un consenso sobre la necesidad de una reforma judicial en el país, muchos cuestionan la efectividad de establecer una nueva autoridad para abordar estos problemas. El presidente Paz destacó que el Alto Comisionado se enfocará en la transparencia, la institucionalidad y la justicia, y anticipó que la designación de esta nueva figura se realizará en los próximos días.
Sin embargo, las críticas se centran en la falta de una definición legal clara sobre el Alto Comisionado y la posibilidad de que sus funciones se superpongan con las de instituciones ya existentes. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez; la exsenadora y expresidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame; la abogada Kathia Saucedo; y el expresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Jaime Hurtado, han expresado sus preocupaciones desde diferentes perspectivas. Salame subrayó que la figura del Alto Comisionado no está contemplada en el ordenamiento jurídico nacional y que, si se busca otorgarle funciones específicas para reestructurar el sistema judicial, su creación debería estar respaldada por una ley. Hurtado, por su parte, recordó que el concepto de Alto Comisionado se inspira en el sistema de Naciones Unidas y que Bolivia no ha incorporado esta figura en su Constitución ni en sus leyes fundamentales.
Otro punto de coincidencia entre los juristas es el riesgo de duplicidad de funciones. Hurtado advirtió que el nuevo Alto Comisionado podría superponerse con la Defensoría del Pueblo, que ya tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Además, mencionó la existencia del Defensor del Litigante, establecido en la Ley 025 del Órgano Judicial, que nunca ha sido activado. Salame propone una alternativa, sugiriendo la recuperación del Ministerio de Justicia como un ente de articulación entre el Órgano Ejecutivo y el sistema judicial. Saucedo también cuestiona la claridad de la estructura institucional y se pregunta sobre el futuro del actual Viceministerio de Justicia, que depende del Ministerio de la Presidencia, si se establece un Alto Comisionado con responsabilidades en el ámbito judicial. “No es prudente establecer dualidades de funciones”, concluyó Saucedo.