Ministro de Economía: Proyecto de Ley de inversiones tiene tres pilares y fue socializado con diferentes sectores
El proyecto de Ley de Inversiones ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que esta iniciativa se fundamenta en tres ejes principales. Uno de los aspectos más relevantes es la inclusión de un mecanismo que impide que cualquier gobierno pueda decidir una expropiación de manera unilateral. "Esta ley tiene 103 artículos y su esencia central se basa en tres pilares fundamentales", afirmó Espinoza durante una conferencia de prensa.
El primer pilar se centra en la normalización de la inversión en el país. Espinoza enfatizó que el objetivo del proyecto es crear incentivos que generen confianza, estabilidad y seguridad para los inversionistas, todo ello sin contradecir la Constitución. "Hoy por hoy, la inversión es atípica y debe convertirse en un elemento normal de nuestra economía", agregó el ministro.
El segundo pilar aborda la necesidad de clarificar los límites y derechos de inversión establecidos en la Constitución, señalando que en muchos casos se han distorsionado o sobredimensionado, lo que ha llevado a abusos en la interpretación de las normativas, especialmente en relación con las nacionalizaciones ocurridas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). El proyecto de ley busca otorgar a los inversores seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad, asegurando un trato "de buena fe desde el Estado boliviano", sin requerir reformas a la Constitución.
Finalmente, el tercer pilar se enfoca en la creación de un Sistema Nacional de Inversiones que coordinará toda la normativa legal relacionada con inversiones. Este sistema evaluará de manera continua el desarrollo de las inversiones y complementará a la Agencia Nacional de Inversiones, cuya creación fue anunciada por el Gobierno una vez que se apruebe la ley. Espinoza subrayó que el Sistema Nacional de Inversiones trabajará en conjunto con todas las entidades públicas, desde el nivel central hasta las gobernaciones, para asegurar una atención adecuada a las inversiones, regulada y promovida bajo una estrategia lógica. Aunque no se establecerán privilegios para los inversionistas, se garantizarán condiciones de previsibilidad, estabilidad y confianza, con un enfoque en la regulación racional y reglas claras que prevengan abusos.