Gobierno buscará inversiones sin cambiar la Constitución

El Gobierno puso en marcha su paquete de reformas estructurales con la presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Inversiones. La propuesta busca revertir un escenario en el que, según el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, la llegada de capital se volvió un hecho atípico. La apuesta oficial parte de una premisa: Bolivia puede volver a atraer inversiones sin modificar la Constitución Política del Estado.

Espinoza sostuvo que el Gobierno revisó el marco constitucional y concluyó que permite ofrecer seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad. A ello sumó un principio que considera fundamental: la buena fe del Estado frente al inversionista, en lugar de una relación construida desde la desconfianza. El ministro argumentó además que abrir ahora una reforma constitucional podría demandar entre tres y seis meses solo para alcanzar consensos básicos, mientras Bolivia necesita atraer capital con urgencia.

La estrategia será avanzar mediante las leyes de inversiones, hidrocarburos y minería, aprovechando los mecanismos que, según el Ejecutivo, ya admite la Constitución. En hidrocarburos, por ejemplo, Espinoza señaló que los contratos de asociación pueden convertirse en una vía para captar inversión extranjera, destinada principalmente a exploración. Uno de los asuntos más sensibles es la solución de controversias.

Espinoza sostuvo que la Constitución restringe los arbitrajes internacionales en determinados sectores y tipos de contratos, pero no los prohíbe de manera general. Mencionó la participación de Bolivia en espacios como Mercosur y la Comunidad Andina, que cuentan con mecanismos para resolver controversias. Sobre esa interpretación, el Gobierno considera posible recurrir al arbitraje internacional en los ámbitos permitidos, sin modificar la CPE.

La seguridad jurídica constituye otro pilar. Espinoza planteó limitar la discrecionalidad política ante eventuales nacionalizaciones o expropiaciones. Según explicó, una decisión de esa magnitud no debería depender únicamente del Ejecutivo, sino contar con participación de la Asamblea Legislativa y reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.

El Estado conservaría su potestad para tomar esas decisiones, pero bajo reglas que, según el ministro, eviten que dependan de la autoridad de turno. La propuesta contempla además contratos especiales que podrían otorgar estabilidad tributaria, normativa y previsibilidad jurídica, sometidos a revisiones de la Contraloría y otras instituciones. Para Espinoza, atraer capital no supone que el Estado renuncie a regular, sino que lo haga con reglas claras que permitan al inversionista conocer las condiciones bajo las cuales desarrollará su actividad.

Otro cambio será la creación de una Agencia Nacional de Inversiones. El diagnóstico del Gobierno es que Bolivia ha sido reactiva frente al capital privado: espera inversiones, pero carece de una estrategia organizada para buscarlas y definir prioridades. La entidad coordinaría los esfuerzos del nivel central y los gobiernos subnacionales para ordenar la regulación, promoción y atracción de capitales.

La agencia deberá elaborar un Plan Nacional de Inversiones, definir una estrategia para priorizar los sectores que necesitan capital y desarrollar otra para promocionar Bolivia en el exterior. En esta última tarea, embajadas y consulados serían utilizados para buscar inversionistas. Espinoza señaló que, aprobada la ley, la constitución de la nueva entidad no debería demorar más de 90 días.

El Gobierno también pretende ampliar el mapa de sectores capaces de captar inversión. A la minería y los hidrocarburos se sumarían logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación, hidrógeno y energía solar. La mirada, explicó Espinoza, debe pasar de las actividades tradicionales a aquellas que tendrán potencial durante los próximos 20 o 30 años.

Los incentivos son otra pieza del nuevo esquema. Espinoza aclaró que la intención no es crear privilegios para determinados sectores, sino ofrecer previsibilidad y estabilidad a quienes decidan invertir. Además, los incentivos y las nuevas cargas deberán ser evaluados de manera permanente, tanto para capitales nacionales como extranjeros.

El desafío, advirtió, es también competir con otros países por esos recursos. Según Espinoza, existe interés internacional por invertir en Bolivia, pero el país disputa esos capitales con economías que desarrollan sus propias estrategias de atracción. Por ello, considera insuficiente esperar que los proyectos lleguen por iniciativa de los inversionistas.

El proyecto inicia ahora su recorrido legislativo y podrá ser modificado durante el debate. El Ejecutivo continuará la socialización con bancadas, brigadas y sectores regionales y espera que su tratamiento sea rápido. La meta planteada por el ministro resume el sentido de la reforma: que invertir en Bolivia deje de ser una excepción y vuelva a convertirse en una actividad normal de la economía.

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