Cívicos piden la publicación de un cronograma diario de suministro de combustible y la eliminación de la ANH
Tras una reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz para abordar la falta de abastecimiento de combustibles, diésel y gasolina, en Santa Cruz y el resto del país, representantes cívicos, autoridades y representantes de instituciones, acordaron una agenda de diez puntos para enfrentar la crisis. Entre las principales determinaciones, que fueron leídas por el líder cívico Stello Cochamanidis, se encuentra la exigencia de garantizar de manera inmediata el abastecimiento de combustibles y establecer, desde la fecha, un cronograma diario de suministro que detalle los volúmenes programados y despachados al departamento cruceño. “Exigimos la eliminación de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) por ser una de las fuentes de la mafia de corrupción en la comercialización del combustible”, dijo Cochamanidis al leer otro de los 10 puntos con los que cuenta el acta.
También se planteó una solución estructural al problema, con una mayor participación de los sectores público y privado en toda la cadena de los carburantes, desde la importación, almacenamiento y transporte, hasta la refinación, distribución y comercialización. Otro de los puntos establece solicitar una normativa que elimine las cargas tributarias y relacionadas con sustancias controladas que, según los sectores participantes, dificultan la importación privada de combustibles. En particular, se plantea eliminar el IVA y el IT mediante los instrumentos legales correspondientes.
Asimismo, se propuso declarar como prioridad nacional la producción de biocombustibles, con el objetivo de reducir la dependencia de insumos importados, dinamizar el sector agropecuario, incrementar la oferta nacional y departamental y contribuir a una reducción estructural del precio final de los carburantes. En el ámbito de la producción estatal, se acordó solicitar a YPFB la puesta en funcionamiento inmediata de campos de producción de crudo actualmente subutilizados o paralizados, además de la activación de poliductos y oleoductos para fortalecer la logística y garantizar el suministro. En materia de control, se exigió al Gobierno Nacional que las Fuerzas Armadas refuercen la protección de las fronteras y combatan el contrabando, el mercado negro y el desvío ilegal de carburantes, con el propósito de garantizar que el combustible llegue a la población y al aparato productivo.
También se planteó abrir un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales destinadas a transformar el modelo energético boliviano, recuperar la inversión y restituir la capacidad del país para producir sus propios hidrocarburos. Otro de los puntos exige identificar a los responsables de la situación y presentar acciones penales e informes sobre los resultados de la lucha contra la corrupción en YPFB y otras instituciones del Estado que, según los participantes, estarían involucradas en una red que afectó la economía y la estabilidad del país. Finalmente, se estableció que el 31 de agosto se realizará una nueva reunión con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos y las medidas adoptadas para resolver el problema del abastecimiento de combustibles.
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