Diésel abre dos frentes: con transportistas y con el agro
El nuevo esquema de comercialización de diésel abrió dos nuevos frentes de conflicto para el Gobierno, y a pesar de que se acumulan los escándalos, ninguno lo tapa. Los transportistas de combustibles anunciaron un paro nacional desde el lunes 24 de agosto por deudas de YPFB y la nivelación de sus fletes, mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un congreso extraordinario para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el precio referencial para determinados grandes consumidores. El dirigente de los cisterneros, Sergio Kosky, comunicó la decisión y cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos por YPFB.
El sector reclama el pago de saldos pendientes y una actualización de los precios de transporte, en un contexto de mayores costos operativos, dificultades para acceder al combustible y prolongadas esperas. La amenaza tiene especial relevancia porque las cisternas son un eslabón fundamental para trasladar gasolina y diésel desde los puntos de recepción y almacenamiento hasta las estaciones de servicio, pero también el eslabón en el que se viene cargando la “presunción de culpabilidad” en la tesis del contrabando. Un paro podría volver a afectar el abastecimiento en las ciudades, cuando todavía persisten filas y problemas de provisión.
El conflicto se produce pese al acuerdo alcanzado entre YPFB y los transportistas el 9 de julio. Entonces, la estatal comprometió cancelar hasta fines de ese mes saldos pendientes correspondientes a marzo y abril y acordó mesas de trabajo para analizar la nivelación de fletes, además de asuntos de facturación, contratación y seguridad jurídica. Protesta de la CAO La otra disputa se concentra en el sector agropecuario.
La CAO convocó para el jueves 27 de agosto a un congreso extraordinario nacional, en Warnes, con un único punto: exigir la abrogación del DS 5676. Su presidente, Klaus Frerking, calificó la norma de improvisada y cuestionó que no hubiera sido socializada previamente con los productores. El decreto establece un precio referencial inicial de Bs 18 por litro para clientes directos y Grandes Consumidores (GRACOS), mientras se mantienen los precios regulados para otros usuarios.
El Gobierno sostiene que busca reducir la carga fiscal de la importación y combatir el desvío de combustible subvencionado. Para la CAO, sin embargo, el mayor costo terminará trasladándose a la producción. El diésel es utilizado en prácticamente toda la cadena agropecuaria, desde la preparación de terrenos y la siembra hasta la cosecha, transporte y comercialización.
El sector advierte que el impacto puede alcanzar a productos como maíz y sorgo y, posteriormente, a las cadenas avícola, porcina y lechera. La organización cuestiona especialmente la coexistencia de precios de Bs 9,80 y Bs 18 por litro y sostiene que la brecha puede generar nuevos incentivos para la especulación y el mercado negro. También recuerda que el agro llega golpeado por bloqueos, problemas de abastecimiento y dificultades en cadenas como la cañera, triguera y avícola.
Los reclamos coinciden en un punto: el costo de mover y utilizar el combustible se ha convertido nuevamente en un problema de abastecimiento . Los cisterneros sostienen que sus tarifas ya no cubren adecuadamente la operación, mientras los productores consideran que el nuevo precio compromete sus costos y, por extensión, la seguridad alimentaria. YPFB intenta reducir la presión sobre el transporte carretero mediante alternativas.
A finales de junio reactivó el transporte ferroviario de combustibles hacia Santa Cruz, con convoyes capaces de movilizar entre 900.000 y 1,1 millones de litros de gasolina. Sin embargo, esta alternativa no reemplaza a las cisternas en el tramo final hacia los surtidores. Si los cisterneros cumplen su amenaza de paralizar desde el lunes, la capacidad logística volverá a convertirse en un cuello de botella.
Y si el agro mantiene su presión y el congreso de la CAO decide nuevas medidas, el Gobierno enfrentará un segundo frente desde el sector productivo. La disputa, en ambos casos, va más allá del precio de un litro de diésel. Está en juego quién absorbe el mayor costo del abastecimiento y cómo se sostiene una cadena energética que todavía depende fuertemente del transporte terrestre.
Mientras el Gobierno apuesta por nuevos precios, importadores privados y alternativas logísticas, transportistas y productores reclaman que esas decisiones no terminen trasladando el costo de la crisis a sus actividades y, finalmente, a los consumidores.