Alcaldías no tienen recursos para comprar diésel a Bs 18
Las autoridades de la Gobernación de Tarija y del municipio de Cercado determinaron no pagar el litro de diésel a 18 bolivianos, como establece el Decreto Supremo 5676 para grandes consumidores, debido a la falta de presupuesto. Esta decisión también ha sido asumida por las alcaldías de otras provincias. Eso ha implicado que los trabajadores de distintas áreas tengan que hacer fila en los surtidores para cargar combustible en los vehículos oficiales, lo que implica que paguen 9,80 bolivianos.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó que se ha instruido a todas las unidades descentralizadas que tienen equipos pesados y vehículos de uso oficial, hacer filas en las estaciones de servicio para comprar diésel a 9,80 bolivianos, porque la institución no cuenta con los recursos suficientes para comprar de manera directa a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Torres, como presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, comentó que varios gobiernos autónomos municipales y gobernaciones de Bolivia se han declarado en emergencia porque no tienen presupuesto para comprar el litro de diésel a 18 bolivianos.
De hacerlo, ese costo pone en riesgo su ya mermado POA. Esa situación fue confirmada por el alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, quien señaló que los municipios rurales determinaron frenar el funcionamiento de palas cargadoras, volquetas, maquinaria pesada y tractores que apoyaban el mantenimiento de caminos y la producción agrícola local. Ya que no pueden comprar el combustible necesario para su puesta en marcha.
Por su parte, el secretario de Economía y Finanzas Públicas de la Gobernación, Fernando Romero, explicó que de manera anticipada realizaron contratos y convenios con diferentes estaciones de servicio en la capital, para la adquisición de diésel para los motorizados de la administración central con un costo de 9,80, hasta concluir la gestión 2026. Esta situación ha generado molestia en el movimiento campesino, pues han visto reducido el apoyo que les daban las instituciones para la siembra y la cosecha. Por eso exige la abrogación del Decreto 5676, y porque, además, les limita la compra de diésel a solo 120 litros al mes, cantidad que consideran insuficiente para la actividad agrícola.
Desde el Gobierno nacional descartan abrogar la polémica norma, a pesar de la presión, los plazos y las amenazas de bloqueos de varios sectores productivos. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, recalcó que el Ejecutivo mantendrá su decisión, aunque se abre a “mejorar” el Decreto.