El Transporte alerta sobre el impacto de legalizar “chutos”

Las federaciones del transporte libre y federado de Bolivia expresaron su rechazo a la posibilidad de nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”, propuesta planteada mediante un proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios, y que ha tenido el respaldo del presidente Rodrigo Paz. Según el mandatario, esta iniciativa podría significar recursos extras para los municipios. En la reunión con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Paz pidió a los alcaldes analizar la posibilidad de regularizar estos vehículos y permitir que, una vez legalizados, generen recursos mediante el pago de impuestos municipales.

Sin embargo, la propuesta encontró rechazo en el sector del transporte. Luis Caso, ejecutivo de la Federación del Transporte Libre de Tarija, señaló que los transportistas se oponen a cualquier proceso de legalización durante esta gestión, debido a las consecuencias que podría generar sobre el transporte público, el valor de los vehículos legalmente registrados y el consumo de carburantes, que de por sí ya es un problema para el Gobierno. El dirigente sostuvo que una eventual regularización provocaría el ingreso de miles de motorizados al mercado formal, lo que podría generar una sobreoferta de vehículos y afectar el valor comercial de aquellos que fueron importados y registrados cumpliendo con las obligaciones tributarias.

A esta posición se sumó Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril de Tarija, quien advirtió que la incorporación de más vehículos podría incrementar la presión sobre el abastecimiento de gasolina y diésel, en un momento en que el país ya enfrenta dificultades con la provisión de carburantes. El sector también teme que los vehículos regularizados terminen incorporándose al transporte público, incrementando la competencia y agravando la congestión vehicular en las principales ciudades del país. El diputado por Tarija de Alianza Unidad, Richard López, también expresó su rechazo a la propuesta y afirmó que la iniciativa generó preocupación entre los sectores del transporte libre, federado y privado.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) se sumó a las críticas y advirtió que una eventual legalización generaría una competencia desigual para las empresas que importan vehículos de manera formal, debido a que los motorizados indocumentados ingresaron al país sin asumir los mismos costos tributarios y administrativos. La CAB estima que en Bolivia existen alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados. Esta cifra corresponde a una estimación del sector y no a un registro oficial.

El presidente de la Cámara, Jhonny Salvatierra, cuestionó que se impulsen mecanismos de regularización que, según sostuvo, terminarían beneficiando a quienes ingresaron vehículos al margen de la normativa y perjudicando al sector formal. Proyecto de ley avanza en Diputados El diputado Armin Lluta, uno de los proyectistas, informó que el proyecto de ley ingresará a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa fue modificada a partir de observaciones de diferentes sectores y contempla, entre otros aspectos, restricciones para que los vehículos regularizados no puedan ingresar inmediatamente al transporte público.

La propuesta establece que los motorizados legalizados tendrían restricciones para prestar servicio de transporte público durante los primeros tres años, además de mecanismos de control para evitar que vehículos robados puedan ser incluidos en el proceso de regularización. En paralelo, la Aduana Nacional mantiene su advertencia sobre la competencia de los municipios en materia aduanera. Por lo que ven necesario un marco legal nacional.

El debate se instala así entre dos posiciones: el Gobierno y algunos sectores municipales que ven en la regularización una posibilidad de generar ingresos, y los transportistas e importadores formales que advierten sobre sus efectos negativos.