El plan Fronteras Seguras es un mito: asambleístas cuestionan al Gobierno por la violencia en San Ignacio
La inseguridad vuelve a generar preocupación en San Ignacio de Velasco , luego de que este domingo se reportaran dos hombres muertos acribillados , hechos que reavivaron las críticas de autoridades departamentales por la falta de acciones para frenar la violencia en este municipio fronterizo. La asambleísta departamental por San Ignacio de Velasco, Natasha Castedo Mello, cuestionó la efectividad del plan Fronteras Seguras impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que, pese a su lanzamiento, la situación en el municipio no ha cambiado . “ El plan de Frontera Segura para nosotros, en San Ignacio, es un mito .
El Gobierno nacional no ha cambiado absolutamente nada desde antes hasta después del lanzamiento de este plan”, afirmó Castedo a EL DEBER. La legisladora sostuvo que la población ignaciana se encuentra “en zozobra” debido a los hechos violentos registrados en los últimos meses y alertó sobre la aparición de pinturas en viviendas y unidades educativas, presuntamente vinculadas con organizaciones criminales brasileñas. Según Castedo, estas marcas han generado temor entre las familias , al punto de que algunos padres le manifestaron su preocupación por enviar a sus hijos a clases.
“La población está muy preocupada, está con mucho miedo ”, señaló la asambleísta. Además, remarcó que no existe, hasta el momento, información oficial que confirme el significado o el origen de las pinturas. Castedo también cuestionó la cantidad de efectivos policiales destinados a San Ignacio y consideró que la institución necesita mayor fortalecimiento para responder a la situación de inseguridad.
“ No contamos con efectivos policiales suficientes para lo que está ocurriendo y, al fin y al cabo, vemos muy poca atención por parte del Gobierno a este municipio”, sostuvo. Piden acciones contra el sicariato Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz , María René Álvarez, también se pronunció en sus redes sociales sobre los hechos violentos registrados en San Ignacio y cuestionó la falta de presencia del Gobierno nacional y de la Policía Boliviana en las regiones fronterizas. “ ¿Hasta cuándo vamos a normalizar la violencia?
Hoy, San Ignacio de Velasco vuelve a sufrir la pérdida de vidas por acciones del sicariato, porque no existe presencia territorial del Gobierno ni la Policía Boliviana”, escribió Álvarez en un pronunciamiento dirigido al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La autoridad departamental afirmó que la violencia ya no se limita a las zonas fronterizas, sino que afecta directamente a la población. “La violencia pasó de las fronteras a las calles y ahora ingresa hasta las propias casas de nuestra gente”, manifestó.
Álvarez consideró insuficiente el plan Fronteras Seguras y pidió endurecer las acciones contra las organizaciones criminales que operan en estas regiones. “ No solo basta identificar a esas mafias organizadas sino que hay que combatirlas con todo el peso de la ley”, sostuvo. Además, planteó la militarización de las zonas donde se han registrado hechos relacionados con el sicariato.
“ El Plan Fronteras Seguras es insuficiente . Se debe militarizar todas las regiones en las que el sicariato viene operando y se tiene que garantizar la seguridad de todos los bolivianos”, señaló. Solicitan declaratoria de emergencia Castedo informó que se presentó una solicitud de declaratoria de emergencia para los municipios fronterizos afectados por hechos similares.
La legisladora cuestionó que esta propuesta todavía no haya sido tratada por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental y anunció que pedirá su tratamiento por dispensación de trámites en la primera sesión ordinaria que se realice. A su criterio, la falta de competencias departamentales sobre la Policía limita la capacidad de respuesta de las autoridades cruceñas y deja la atención de estos hechos principalmente en manos del Gobierno nacional. Mientras tanto, los recientes hechos violentos mantienen en alerta a la población de San Ignacio de Velasco, donde las autoridades departamentales demandan mayor presencia policial y acciones concretas para evitar que la violencia vinculada al crimen organizado continúe cobrando vidas.
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