Gobierno de Paz prioriza al FMI sobre la reforma constitucional

El Gobierno aprobó en gabinete solicitar la ampliación por 90 días del estado de excepción, una decisión que tendrá que ser defendida ante la Asamblea y que deja planteada una particular disyuntiva política: la medida facilita el escenario para avanzar con la agenda económica del Ejecutivo, incluido el acuerdo con el FMI, pero bloquea constitucionalmente el inicio de la reforma de la propia Constitución y con ello, la viabilidad de algunas de las propuestas contempladas en el mismo acuerdo. En principio, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha declinado la posibilidad de defender este pedido personalmente en la Asamblea, como le han exigido algunas bancadas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que el decreto será enviado al Legislativo y que serán los ministros quienes sustenten la prórroga. “Iremos nosotros los ministros”, respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad. El estado de excepción fue declarado el 20 de junio por los bloqueos registrados en el país en aquel entonces.

Duraron apenas dos días más. Su ampliación requerirá ahora el respaldo de la Asamblea, mientras distintos legisladores cuestionan la necesidad de prolongarlo – no hay bloqueos y ni siquiera amenazas serias y planificadas logísticamente de tratar de rearticularlos - y reclaman conocer sus resultados – apenas se detuvo a algunos dirigentes, pero no se ha detenido a Evo Morales, como algunos políticos aseguraban que se propiciaría con el Estado de Excepción. La prioridad La diferencia está en el efecto que tiene sobre las dos grandes agendas políticas que marcan a su vez la urgencia nacional: por un lado, la emergencia económica que – según criterio del gobierno – pasa por el crédito condicionado a una serie de reformas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, y por el otro, la necesidad de blindar las reformas proyectadas con una reforma constitucional a la medida, y que además, permita re - legitimar al gobierno con un referéndum que se transformaría en plebiscitario.

Así, los abrumados por la urgencia económica señalan que la continuidad de la medida permite mantener un marco excepcional para garantizar el libre tránsito y contener eventuales conflictos sociales en momentos en que el Ejecutivo necesita respaldo legislativo para su programa económico y el acuerdo de financiamiento con el Fondo, pero se renuncia a una vía que no solo liberaba presión política sobre el ejecutivo, asfixiado entre escándalos y rechazo popular, sino que permitía consolidar reformas en el mediano plazo. Y es que la Constitución establece expresamente que una reforma constitucional no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción .

El artículo 140.III no deja margen de interpretación sobre ese punto y el vicepresidente Edmand Lara, presidente nato de la Asamblea, ya advirtió que no convocará una sesión para iniciar una reforma mientras continúe la medida excepcional. El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió que antes de ampliar la medida el Ejecutivo rinda cuentas ante la Asamblea y evalúe sus resultados. En el Legislativo, mientras Víctor Quispe considera posible aprobar la extensión, José Manuel Ormachea anticipó el rechazo de su bancada.

Un cronograma incierto Así, una eventual prórroga hasta diciembre no solo extendería un régimen excepcional: también mantendría congelada durante otros 90 días la discusión formal de la reforma constitucional , una de las apuestas políticas planteadas desde la oposición y secundadas por el bloque del PDC cercano al gobierno, entre ellos Diego Ávila, que firmó el proyecto de Ley que “des - constitucionaliza” una treintena de artículos y prohíbe la nacionalización. Empezar a conversar sobre una reforma constitucional en la Asamblea implica que al menos hasta el segundo semestre de 2027 no se daría el referéndum dado que el Tribunal Supremo Electoral requiere de 150 días para organizar una elección.

Por otro lado, hay un enorme vacío que es algo así como el elefante en la habitación: no hay quorum en el Tribunal Constitucional, es decir, no hay quien de el visto bueno a una reforma de este calibre. El plazo de 90 días, superpuesto sobre el calendario de las medidas acordadas con el FMI deja otra virtual debilidad: la prórroga del Estado de Excepción acabaría alrededor de Navidad, y el 1 de enero de 2027 entraría en vigencia el punto más impactante y rechazado: la retirada total de la subvención a los combustibles, dado que no habría recursos contemplados en el POA para ello. La cuestión de fondo, por tanto, excede la duración del estado de excepción.

La Asamblea deberá decidir si existen razones suficientes para prolongarlo, sabiendo que su continuidad tiene una consecuencia constitucional concreta: el FMI puede seguir avanzando por la vía legislativa, mientras la reforma de la Constitución como salida política queda expresamente prohibida hasta que termine el estado de excepción. FAM pide diálogo antes que Estado de Excepción El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia, Jhonny Torres, pidió al Gobierno priorizar el diálogo, el consenso y los acuerdos para resolver las demandas pendientes, ante el próximo vencimiento del Estado de excepción. Torres consideró que la medida, por sí sola, no permitirá superar las tensiones sociales que persisten en el país y señaló que corresponde al Ejecutivo evaluar si existen razones para mantenerla.

“El Gobierno debe hacer esa evaluación, pero el estado de excepción, por sí mismo, no soluciona nada. Lo que soluciona es la actitud de diálogo, la actitud de consenso y la actitud de buscar soluciones a los problemas”, afirmó.