Tras el fin de la subvención, el Gobierno despliega bonos, créditos y alivios fiscales para contener el impacto

La eliminación de la subvención al diésel no termina en el aumento del precio del combustible. A partir del nuevo esquema, el Gobierno de Rodrigo Paz puso en marcha un conjunto de medidas que busca contener el impacto sobre hogares y sectores productivos de Bolivia. El diésel pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, un incremento cercano al 83% .

Desde ahora, el precio estará vinculado al costo internacional de importación y podrá modificarse cuando cambien las cotizaciones externas. Frente a ese cambio, el Ejecutivo anunció bonos, créditos preferenciales, facilidades tributarias y medidas para estimular la producción y el empleo. La pregunta que queda abierta es cuánto de ese paquete llegará efectivamente a los sectores afectados y en qué medida podrá compensar el encarecimiento del combustible.

Transferencias directas para los hogares La medida con efecto más inmediato sobre los beneficiarios será el Bono PEPE II, anunciado para aproximadamente 2,9 millones de personas , con una asignación total de Bs 874 millones. El Gobierno también elevó de Bs 200 a Bs 300 el bono Juancito Pinto. Estas transferencias pueden aumentar temporalmente los ingresos disponibles de los hogares beneficiarios, pero no constituyen una compensación específica por cada aumento que pueda producirse en transporte, alimentos u otros bienes.

Su impacto dependerá, además, de la cobertura y del momento en que se realicen los pagos. Crédito en lugar de subsidio Para los sectores productivos, la respuesta planteada por el Ejecutivo tiene otra naturaleza. Paz anunció hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales, con una tasa cercana al 6% anual, dirigidos a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.

También anunció préstamos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000 para actividades productivas, destinados a capital operativo o inversión. La diferencia es relevante: mientras un bono es una transferencia, el crédito genera una obligación de pago. Por eso, su capacidad para aliviar el impacto del diésel dependerá de quiénes puedan acceder, de las garantías exigidas, los plazos y las condiciones concretas de esos préstamos.

Para un transportista o productor, además, financiar capital de trabajo no elimina el incremento del costo operativo generado por un combustible que ahora cuesta 83% más que bajo el precio subvencionado. Alivios tributarios e importaciones El paquete también incluye medidas para reducir otros costos de las actividades económicas. El Gobierno anunció la eliminación de impuestos de importación para determinados bienes destinados a actividades productivas, entre ellos insumos, semillas, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.

También anunció una ampliación por 120 días del denominado perdonazo tributario. El efecto de estas medidas, sin embargo, no será uniforme. Una empresa que necesite importar maquinaria puede beneficiarse de una reducción arancelaria , mientras que un pequeño comerciante o un trabajador independiente que no realice esas operaciones no necesariamente tendrá un beneficio equivalente.

Empleo y obras El Ejecutivo también vinculó el paquete con la generación de empleo. Entre los anuncios figura un plan de enlosetado de calles y avenidas, con una proyección oficial de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. Pero este punto requiere una precisión: no todo lo anunciado después del retiro de la subvención constituye una política creada específicamente para compensarlo.

El programa de empleo ya formaba parte de la agenda del Gobierno antes del anuncio del viernes. Lo mismo ocurre con algunas medidas tributarias, que ahora son presentadas dentro de la respuesta al cambio en el precio del diésel. La variable que todavía no tiene respuesta El Gobierno sostiene que el retiro de la subvención permitirá liberar recursos fiscales y que ese dinero podrá destinarse a inversión, servicios públicos y medidas sociales.

El presidente Paz calculó el costo de la subvención en unos $us 55 millones por semana, más de $us 2.600 millones al año. Pero no está definido cuánto del eventual ahorro se convertirá en transferencias directas, cuánto irá a crédito, cuánto a inversión pública y cuánto contribuirá a reducir las necesidades fiscales del Estado. El Gobierno apuesta a que el nuevo precio permita mejorar el abastecimiento y eliminar las distorsiones asociadas al combustible subvencionado.

Con esto se espera haya diésel disponible de forma regular, que disminuyan las filas y que el mayor costo del combustible no se traduzca en aumentos desproporcionados de transporte y producción. En otras palabras, el Gobierno ya anunció que buscará contener el impacto del ajuste; pero falta comprobar cuánto de esa contención llegará a la economía real. Se acabó la subvención al diésel en Bolivia tras la aprobación del crédito millonario con el FMI Quitar la subvención "es el único modo de garantizar el diésel, las 24 horas y los 7 días a la semana"