Sectores rechazan “dieselazo” y el gobierno se abre al diálogo

El Gobierno eliminó desde este sábado la subvención al diésel y fijó inicialmente el precio del litro en Bs 17,95, frente a los Bs 9,80 que regían para los consumidores minoristas. El nuevo valor está establecido en el Decreto Supremo 5716 y reemplaza el precio fijo por un mecanismo vinculado al costo de importación y a referencias internacionales. La medida ha generado multitud de reacciones de rechazo y advertencias sobre movilizaciones: los cisterneros anunciaron un paro inminente.

La justificación de la medida La norma publicada en la madrugada del sábado establece un sistema de Precio de Paridad de Importación (PPI), que considera el costo del combustible importado, transporte, almacenamiento, inspección, financiamiento, tributos y otros componentes. El precio referencial será calculado diariamente en días hábiles y el valor podrá modificarse cuando la variación de ese componente supere un rango de 5% hacia arriba o hacia abajo. La reglamentación del mecanismo deberá ser emitida por el Ministerio de Hidrocarburos.

El presidente Rodrigo Paz justificó la decisión por el costo que representa para el Estado mantener el precio subsidiado- habló de 55 millones de dólares a la semana - y aseguró que el nuevo esquema permitirá garantizar el abastecimiento. El Gobierno sostiene que los recursos “liberados” podrán ser destinados a inversión, producción y medidas sociales. El Ministerio de Hidrocarburos señaló que el cambio busca que el precio interno refleje el costo de importación.

La medida llega, además, después de meses de problemas de abastecimiento, con filas en los surtidores y reclamos por la distribución irregular de diésel y gasolina, que se relacionan más con la capacidad de compra por la falta de dólares. La medida, en cualquier caso, no resuelve los problemas de los dólares sino que simplemente, los usuarios pagarán más. Las reacciones La Confederación de Choferes de Bolivia rechazó la eliminación de la subvención y exigió la abrogación del DS 5716.

Su dirigente Víctor Tarqui anunció un ampliado nacional para definir posibles medidas de presión. Paralelamente, el dirigente Lucio Gómez advirtió que el sector podría romper el cuarto intermedio acordado con el Gobierno y retomar el paro indefinido si la ANH no regulariza los despachos. Los transportistas también cuestionaron el estado de las carreteras y reclamaron la destitución del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Julián Toledo.

El transporte federado de Cochabamba se declaró en emergencia y anticipó que el incremento del combustible tendrá impacto en las tarifas. El efecto sobre los costos productivos también comenzó a manifestarse. Iver Gutiérrez, dirigente de los avicultores, informó que el sector evalúa elevar hasta Bs 15 el precio del kilo de pollo vivo puesto en granja.

Explicó que el diésel interviene en las distintas etapas de producción y transporte y advirtió que el precio final será mayor por los costos de faeneo, comercialización y otros servicios. También alertó sobre una eventual reducción de la producción si los productores no logran cubrir sus costos. En Sucre, el Sindicato Mixto de Transportistas San Cristóbal anunció un reajuste de tarifas: Bs 6 para pasajeros mayores, Bs 5 para personas de la tercera edad, Bs 4 para universitarios y Bs 2 para colegiales y escolares.

En Tarija todavía no salió un instructivo generalizado, pero se maneja un incremento para llegar a cinco bolivianos por adulto. Reacciones políticas Samuel Doria Medina, jefe de la bancada de Unidad, consideró que la medida llega tarde y que el gobierno es débil para sostenerla. Aun así, planteó que negocie compensaciones directas al transporte para contener eventuales aumentos de pasajes y fletes y pidió medidas para evitar que el ajuste termine trasladándose, por ejemplo, al precio del pan.

El expresidente Jorge Quiroga, jefe de Libre, en la misma línea cuestionó la previsibilidad de las decisiones económicas del Ejecutivo que solo generan incertidumbre y sostuvo que la eliminación de la subvención puede generar presión sobre pasajes, fletes y precios. También pidió al presidente Paz permanecer en el país ante el escenario de movilizaciones, pues tiene previsto viajar a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. El Gobierno mantiene el diálogo Tras varias horas de presión y dudas, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, compareció en conferencia de prensa donde afirmó que los espacios de diálogo continúan abiertos y que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar propuestas de los sectores afectados.

Según explicó, equipos de distintos ministerios fueron desplazados para trabajar con organizaciones, municipios y gobernaciones. El Gobierno ratificó, además, que por ahora el ajuste se aplica únicamente al diésel. El ministro de Hidrocarburos señaló que cualquier eventual modificación posterior en otros combustibles será evaluada considerando a los sectores afectados y posibles mecanismos de apoyo.

El nuevo esquema abre así una etapa distinta para el mercado de combustibles: el precio del diésel deja de estar fijado de manera permanente por el Estado y queda sujeto a una fórmula vinculada al costo internacional. El primer efecto, sin embargo, se produce en un escenario todavía marcado por la escasez y por la presión de transportistas y productores que buscan evitar que el incremento se traslade a tarifas y precios. FMI marca el 1 de enero para liberar el resto de combustibles Aunque de momento el Gobierno asegura que no está previsto levantar la subvención al resto de combustibles que se comercializan en el país, la medida sí está contemplada en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito de 1.900 millones de dólares.

El acuerdo señala que no se incluirán recursos para la subvención en el Presupuesto general del Estado de 2027, por lo que a partir del 1 de enero de 2027 el precio quedaría liberado en una fórmula similar a la que se emplea a partir del sábado 19 de septiembre para el diésel. Varias voces cuestionan que se haya retirado antes la subvención al combustible de trabajo, el diésel, y no al particular, la gasolina.