Internas de Palmasola denuncian maltrato durante requisas y piden intervención de organismos de DDHH

Un grupo de internas del PC2 de Palmasola denunció a EL DEBER presuntos excesos y maltratos durante las requisas realizadas en este recinto penitenciario, especialmente en los controles que suelen efectuarse antes de las celebraciones y días festivos. Las mujeres aseguran que los operativos se realizan con violencia, afectan sus pertenencias y generan situaciones de tensión para los hijos de las reclusas y las personas que acuden al penal en calidad de visitantes. “Estamos siendo atropelladas con el tema de las requisas”, señaló una de las internas, quien relató que durante la mañana de hoy una compañera con problemas cardíacos se descompensó en medio de la situación.

Las denunciantes también cuestionaron la participación de personal policial en los controles y mencionaron específicamente a una teniente a la que identificaron con el apellido Colomi. Según la versión, esta funcionaria tendría denuncias previas y, de acuerdo con lo que las internas conocen, no debería ingresar a las celdas, sino permanecer en la garita. Estas afirmaciones no fueron verificadas con personal del centro.

Las internas afirman que durante los operativos se registran los cuartos y se produce un trato que consideran excesivo hacia las privadas de libertad y sus visitantes. El grupo anunció que busca hacer llegar la denuncia a organismos de defensa de los derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que se conozca lo que ocurre durante estos procedimientos y se verifique la actuación del personal penitenciario. La normativa boliviana establece límites para estos controles.

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión señala que las requisas a visitantes deben realizarse por personal del mismo sexo y sin afectar su dignidad ni pudor. Además, reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a presentar quejas y peticiones ante las autoridades penitenciarias y otras instancias. La Constitución Política del Estado establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad humana y responsabiliza al Estado de velar por el respeto de sus derechos.

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