Gobernadores ponen plazo al Gobierno por diésel y pacto fiscal

Los gobernadores de los nueve departamentos del país se declararon este jueves en estado de alerta y dieron al Gobierno nacional plazo hasta el 31 de octubre para responder a la agenda de demandas que combina la crisis provocada por el incremento del precio del diésel con los compromisos de mayor autonomía fiscal adoptados por el propio Gobierno en la reunión del 5 de agosto en Sucre. La reunión se realizó en Santa Cruz con motivo de la efeméride departamental de esa región y tuvo como eje la denominada “Agenda 50/50”, mediante la cual las gobernaciones reclaman una mayor participación en la distribución de los ingresos tributarios nacionales para desarrollar sus competencias.

Las autoridades plantean que el nuevo esquema comience a aplicarse con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, sin reducir los recursos actualmente destinados a municipios y universidades públicas, y recordando que son compromisos parte de una agenda firmada en la víspera de la efeméride nacional del 6 de agosto. El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de leer las conclusiones del encuentro. “Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta”, señaló al establecer el 31 de octubre como fecha límite para que el nivel central atienda los puntos acordados.

El 50/50 como punto de partida La primera reivindicación plantea que el 50/50 sea considerado el punto de partida de una nueva distribución de los ingresos fiscales y de una mayor autonomía financiera de los departamentos. Tanto desde el Gobierno como desde las Gobernaciones se reconoce que la fórmula “50-50” que se usó como gancho electoral no corresponde a porcentajes realistas, sin embargo, se mantiene “el título” por cuestiones políticas. En lo concreto, las gobernaciones exigen que se transfiera el 15% de la coparticipación tributaria a los gobiernos autónomos departamentales, porcentaje que debería deducirse de los recursos administrados por el nivel central, que maneja el 75% del total, sin afectar las transferencias de municipios, autonomías indígena originario campesinas y universidades.

La agenda también pide activar de inmediato el cronograma acordado el 5 de agosto y avanzar en el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), aprobado mediante el Decreto Supremo 5686 que sin embargo no se ha concretado en convenios específicos con las entidades. Las gobernaciones plantean que este proceso no se limite a una reprogramación de sus deudas, sino que incluya nuevas fuentes de financiamiento que permitan recuperar el equilibrio de sus cuentas. El retorno del 12% del IDH Otro de los puntos centrales es la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) .

Los gobernadores piden a la Asamblea Legislativa aprobar hasta el 31 de octubre la abrogación de la Ley 767 y plantean que durante 2027 se restituyan los saldos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), garantizando el retorno del 12% del IDH a las entidades territoriales autónomas de acuerdo con sus aportes. La demanda recupera así una de las principales reivindicaciones históricas de las regiones productoras y de los gobiernos departamentales: disponer de una mayor proporción de los recursos generados por la actividad hidrocarburífera. Menos cargas nacionales para las gobernaciones La agenda también apunta a las obligaciones que, según los gobernadores, fueron trasladadas a las administraciones departamentales pese a no corresponderles.

La Ley de Retorno que pone fin a pagos de prediarios, bono de vacunación y otros, ya fue aprobada en ambas cámaras, pero se pide que se detengan los débitos automáticos relacionados con estas obligaciones y que se devuelvan los recursos que las gobernaciones destinaron durante 2026 a esos pagos. Tres leyes para cambiar las reglas Los gobernadores también pidieron prioridad para tres proyectos normativos. El primero plantea modificar la Ley 154, referida a la clasificación y definición de impuestos y a la regulación para la creación o modificación de tributos de dominio de los gobiernos autónomos.

El segundo es el proyecto de Ley del 50/50 , concebido para fortalecer y garantizar la autonomía económica y financiera de las gobernaciones. El tercero corresponde a una Ley Básica de Relaciones Internacionales de los gobiernos autónomos departamentales. El nuevo precio del diésel abre otra brecha La otra gran preocupación está directamente relacionada con el combustible.

Las gobernaciones sostienen que sus presupuestos de 2026 fueron elaborados con un precio de referencia del diésel de Bs 3,76 por litro posteriormente tras el incremento de diciembre, ajustado a 9,80 , por lo que el nuevo esquema de precios establecido por el Decreto Supremo 5716 – que lo sube a 17,95 - genera un gasto adicional que no estaba contemplado en sus cuentas. Por ello demandan que el Gobierno formalice mediante una norma concertada con los nueve gobiernos departamentales el anunciado apoyo para la readecuación de sus finanzas, con fuentes de financiamiento, montos y plazos definidos. El reclamo incluye una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación para compensar el diferencial entre el precio presupuestado y el costo efectivo del diésel utilizado en las competencias departamentales.

La compensación debería cubrir el combustible empleado en el mantenimiento de carreteras departamentales, los servicios de salud y la operación de maquinaria y equipos, entre otras actividades. Las gobernaciones también solicitan autorización excepcional del Ministerio de Economía para realizar modificaciones y reasignaciones presupuestarias que permitan cubrir el mayor costo del combustible sin que ese gasto sea computado dentro de sus límites de funcionamiento. Además, piden que el costo real del diésel sea incorporado en los techos presupuestarios y en el PGE 2027 y que se garantice una provisión continua del combustible para los servicios departamentales.

Fagobol y la fecha límite El último componente financiero es el cumplimiento del Decreto Supremo 5363, que establece el Fideicomiso de Apoyo Financiero a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Regionales (Fagobol). Los gobernadores reclaman que se agilicen los trámites administrativos para su desembolso. El conjunto de demandas configura una agenda que va más allá de una compensación coyuntural por el diésel.

Las gobernaciones buscan modificar las reglas de distribución de recursos, recuperar ingresos del IDH, descargar obligaciones que consideran nacionales y obtener mecanismos de financiamiento que les permitan sostener sus competencias. La fecha fijada es el 31 de octubre . Hasta entonces, las autoridades departamentales continuarán trabajando con el Gobierno nacional en las propuestas técnicas, pero mantienen el estado de alerta.

La disputa, por tanto, tendrá dos escenarios simultáneos: la respuesta inmediata al incremento del costo del combustible y la negociación del modelo de financiamiento territorial que debería comenzar a aplicarse desde 2027.