Bolivia firma declaración conjunta contra el crimen organizado

Una declaración conjunta suscrita por parlamentarios de ocho países denuncia el daño que provoca el crimen organizado transnacional y evidencia los efectos que provoca el crimen en la sociales. Representantes de Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, República Dominicana y Brasil firmaron la declaración que surge por iniciativa de la asambleísta ecuatoriana Valentina Centeno. Por parte de Bolivia, el asambleísta Sergio Bastián Giesse Rougcher suscribió el documento.

El documento plantea que estas actividades criminales representan un desafío para la seguridad, la gobernabilidad democrática y las instituciones de los países de la región. Además, propone medidas para mejorar el intercambio de información y debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas. La firma del pronunciamiento se realizó en el marco de la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que se lleva adelante en Tanzania.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional, facilitar el intercambio de información y combatir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Según InSight Crime, América Latina y el Caribe registraron al menos 108.838 homicidios en 2025 . También alude a 1,5 millones de desplazamientos internos por conflictos y violencia en América.

Así se registra en el documento suscrito por los ocho países de la región. Centeno destacó la necesidad de una respuesta coordinada entre países para enfrentar la violencia y las economías ilícitas: "Si el crimen ya no conoce fronteras, la cooperación tampoco debe conocerlas", destacó. La declaración expone cifras para dimensionar el problema.

América Latina y el Caribe concentran cerca de un tercio de los homicidios mundiales, pese a representar aproximadamente el 8 % de la población global. Asimismo, cita una producción récord de 4.100 toneladas de cocaína en 2024, más de cuatro veces la registrada en 2014. El texto añade que el crimen y la violencia representan un costo equivalente al 3,4 % del producto interno bruto (PIB) regional y que el lavado de activos se estima entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial.

Cooperación financiera y asistencia internacional Entre las propuestas principales figura fortalecer los mecanismos para rastrear y congelar flujos financieros ilícitos, además de facilitar el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Los firmantes también plantean incorporar la lucha contra el crimen organizado como prioridad dentro de la iniciativa de reforma de las Naciones Unidas conocida como ONU80, en el ámbito de la prevención de conflictos. La propuesta contempla asistencia técnica y cooperación operativa para los Estados que la soliciten , con respeto a su soberanía.

El papel de los parlamentos La declaración propone armonizar las legislaciones nacionales y aplicar plenamente la Convención de Palermo, contra la delincuencia organizada transnacional, y la Convención de Mérida, contra la corrupción. El documento fue suscrito por nueve parlamentarios, incluida Centeno, quien destacó el acuerdo en una publicación en sus redes sociales. La legisladora sostuvo que la cooperación y el intercambio de información son necesarios para cortar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

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