Combustibles, dólar y luz: qué puede cambiar desde enero

Desde el 1 de enero de 2027, Bolivia deberá avanzar en el compromiso asumido dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI): que los precios internos de los combustibles reflejen sus costos de abastecimiento y retirar los subsidios restantes. El acuerdo no fija cuánto costará cada litro ni cuánto aumentará y el Gobierno también comprometió medidas de protección para los hogares vulnerables, que de momento gran parte de los asambleístas considera insuficientes. En ese camino, ayer se publicó el Decreto Supremo 5750, que modifica las fórmulas que actualizan los precios de generación, transmisión y distribución de electricidad y donde se prevé un fuerte impacto para las familias.

Entre los factores que considera están el tipo de cambio oficial, el IPC y, para la generación de energía, el precio de referencia del combustible utilizado por las unidades generadoras. El decreto se aplica desde su publicación; no empieza a regir recién en enero , y por ende, se prevén incrementos ya en las facturas de este mes. Además, y mientras tanto, avanza una Ley de Energía en la Asamblea, también con diferentes criterios.

Lea también: Soberanía y libertad de mercado, los debates de la Ley Eléctrica ¿Cómo se conectan ambas medidas? Si a partir de enero sube el precio del combustible (gas natural) que se usa como referencia para generar electricidad en las termoeléctricas (que producen más del 60% del volumen nacional), ese aumento puede elevar el componente de energía en el cálculo eléctrico. La fórmula también toma en cuenta el dólar, la inflación y ponderadores que reflejan el peso de cada costo.

Esto no significa que la factura de cada hogar vaya a subir automáticamente en la misma proporción que la gasolina o el diésel. El DS 5750 modifica el cálculo de precios y tarifas máximas del sector; el efecto final depende de los valores aplicados, de la composición de costos y de las tarifas aprobadas por la autoridad reguladora, que será clave. De la fluctuación del dólar y el combustible, fundamentalmente, dependerá la factura.

Impacto El 65% de la electricidad proviene de termoeléctricas que funcionan con gas Por otro lado, para varios componentes eléctricos, el decreto usa promedios del tipo de cambio oficial observados durante períodos determinados. Eso hace que una variación diaria no se traslade de inmediato y en la misma magnitud al cálculo. La actualización incorpora los datos según los plazos y períodos que fija cada fórmula.

Lo evidente es que, desde enero, el cambio en el costo de los combustibles puede influir en la generación eléctrica; el dólar también puede mover ciertos costos del sistema. El DS 5750 establece cómo se trasladan esos indicadores al cálculo, pero no anuncia una subida única ni permite asegurar hoy cuánto cambiará cada factura. Gonzalo Chávez: el dólar se enchufa a la electricidad En su comentario sobre el Decreto Supremo 5750, el economista Gonzalo Chávez advierte que la electricidad queda más expuesta a las variaciones del dólar, la inflación y los costos de generación.

La lógica económica, reconoce, es comprensible: si una empresa importa una turbina, una subida del tipo de cambio aumenta su costo en bolivianos, y las fórmulas tarifarias permiten reconocer parte de esa variación. Eso puede ayudar a sostener inversiones y la continuidad del servicio. Pero reconocer costos no significa que las familias puedan absorberlos sin consecuencias.

Chávez sitúa la reforma en un momento de recesión, ingresos debilitados y mayores costos para las empresas. Si sube la electricidad, parte de ese gasto puede trasladarse a los precios del pan, los alimentos refrigerados y otros bienes y servicios. Es el llamado traslado de costos a precios: cuánto se traspasa depende de cada negocio y de sus condiciones, pero puede sumar presión a los bolsillos y a la inflación.

Su crítica principal es que el decreto explica cómo actualizar ciertos costos, pero no define una protección social específica frente a eventuales aumentos de las tarifas. Por eso plantea combinar gradualidad y transparencia con apoyo focalizado para hogares vulnerables y exigencias de eficiencia a las empresas eléctricas. El reto, en su lectura, es evitar dos extremos: impedir que las empresas cubran costos necesarios para operar e invertir, o trasladar automáticamente todo riesgo cambiario a consumidores y productores.

La advertencia final de Chávez es sobre la incertidumbre: el decreto establece fórmulas, pero no revela por sí solo cuánto cambiará cada tarifa ni qué parte de ese cambio llegará a las facturas. La respuesta dependerá de los indicadores, los ponderadores y las decisiones regulatorias. Modernizar el cálculo puede ser técnicamente defendible; hacerlo socialmente sostenible requiere explicar los costos y cómo se protegerá a quienes tienen menos margen para afrontarlos.