Relatora de la ONU cuestiona al Gobierno por dos decretos que podrían restringir la libertad de asociación

La relatora especial de la ONU sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, manifestó su “profunda preocupación” por los decretos supremos 5673 y 5675 de Bolivia, al considerar que podrían restringir derechos fundamentales y aumentar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil.

En una comunicación oficial enviada al Gobierno boliviano, la experta colombiana advirtió que ambas normas podrían reforzar un marco legal que impone a la libertad de asociación restricciones incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

El Decreto Supremo 5673 crea el Registro Único Nacional (RUN), de carácter obligatorio para todas las ONG y fundaciones, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el país. Romero cuestionó las exigencias administrativas impuestas, las amplias facultades de supervisión estatal y la ausencia de criterios claros para aplicar medidas correctivas o suspender registros. Según la relatora, estas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y ser aplicadas de forma discrecional contra organizaciones críticas, defensoras de derechos humanos o que combaten la corrupción.

Respecto al Decreto Supremo 5675, que redistribuye competencias gubernamentales en materia de personalidad jurídica y cooperación internacional, la experta alertó que la falta de procedimientos claros para suspender o revocar registros podría afectar gravemente la autonomía de las asociaciones. “Exigir la alineación de las asociaciones a planes oficiales podría afectar gravemente su autonomía”, señaló, al mismo tiempo que criticó la posibilidad de condicionar la cooperación internacional a las prioridades estratégicas del Estado.

Romero recordó que cualquier restricción a la libertad de asociación debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, señaló que los decretos no contemplan un régimen de transición que evite la duplicidad de trámites y retrasos administrativos.

La relatora solicitó al Gobierno boliviano información detallada sobre la compatibilidad de ambas normas con las obligaciones internacionales del país, las garantías para evitar daños permanentes a la sociedad civil y los recursos disponibles para impugnar medidas que vulneren estos derechos.