Oviedo vincula las amenazas con la lucha contra el narco

El Gobierno atribuyó las amenazas contra el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, a una reacción de organizaciones criminales afectadas por los recientes operativos contra el narcotráfico. Autoridades aseguraron que se mantendrá la ofensiva contra estas estructuras.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó el respaldo total del Ejecutivo a Maldonado y le pidió continuar con su labor. “Tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la garantía de que no estará solo frente a las amenazas”, afirmó. Oviedo sostuvo que las intimidaciones no modificarán la estrategia contra el narcotráfico, la corrupción y las redes de protección.

El caso que motivó la reacción ocurrió en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz, donde fue hallado un hombre acribillado. Junto al cadáver dejaron un mensaje dirigido al viceministro en el que se le advertía que, vencido un supuesto plazo, los siguientes muertos serían responsabilidad de su conciencia. El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, indicó que la víctima habría sido elegida al azar para transmitir la amenaza y que la hipótesis principal apunta a una represalia por las operaciones policiales. Durante la noche apareció también una bandera con un mensaje similar en otra zona de la ciudad.

Oviedo relacionó estas intimidaciones con los golpes asestados a estructuras criminales, entre ellos la captura de Sebastián Marset y la detención de cabecillas de organizaciones como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, de Brasil; Los Pulpos, de Perú; Los Espartanos, de Colombia, y el Primer Cartel del Uruguay. El ministro también mencionó a sectores vinculados al Chapare y a redes de corrupción que, según su versión, habrían perdido protección e intereses debido a las investigaciones, aludiendo incluso al caso del exfiscal general Roger Mariaca. Estas declaraciones se dan en medio de otros asesinatos recientes en el país, como el ocurrido en Guayaramerín y el hallazgo de restos humanos calcinados en Beni, hechos que, aunque no han sido vinculados directamente, vuelven a cuestionar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. El Gobierno ratificó que no retrocederá en su estrategia para recuperar la seguridad y acabar con la impunidad.