Del “ataque duro” de Paz a la crueldad del calendario
Quedan tres días para que termine octubre y la tensión política en Bolivia no deja de aumentar, aunque no se registran protestas en las calles ni bloqueos en los caminos. El presidente Rodrigo Paz Pereira ha reconocido que su Gobierno está recibiendo un “ataque duro”. En declaraciones recientes, se preguntó si ese embate no responde a las acciones contra Sebastián Marset, al número uno del Ministerio Público implicado en varios casos oscuros y al que sería el principal líder del PCC en Bolivia, quien al parecer operaba desde el país con mayor influencia que Marset y mantenía residencia en zonas lacustres con lancha.
Es cierto que el dólar ha seguido subiendo de forma lenta pero sostenida, superando ya la barrera de los 12 bolivianos por dólar. El desempleo y la inflación se sienten con fuerza en la población, aunque la forma de administrar los datos permite al Gobierno acomodar el relato. Sin embargo, ninguno de estos temas se ha convertido en el eje central del debate público. Lo que sí ha marcado la agenda es el aumento de filtraciones de audios privados de altas autoridades gubernamentales. La estrategia de responder con audios falsos para desacreditar todos los materiales no ha dado resultado, gracias al trabajo riguroso de las plataformas de verificación de información bolivianas.
A esto se suma la caída en desgracia del tridente de inteligencia policial integrado por Erik Correa, Juan Ferrufino y Óscar Moreno, quienes aparentemente coordinaban con Fernando Cerimedo. La presión de Estados Unidos para esclarecer qué ocurrió realmente con las cajas fuertes de Sebastián Marset habría precipitado esta situación. Según la defensa del narcotraficante, además de dinero y joyas, en esas cajas había un celular con información sensible que fue abierto sin respetar la cadena de custodia, lo que podría comprometer gravemente el caso judicial. La posibilidad de que un policía fuera de control tenga acceso a esa información genera gran preocupación en el ámbito político.
Esta semana se han revelado tres audios que, aunque aún se presentan como supuestos, han sido verificados en cuanto a su autenticidad. Estos audios muestran que Fernando Cerimedo seguía plenamente activo en la coordinación de asuntos de Estado hasta entrado el mes de junio, durante las discusiones sobre el Estado de Excepción. Revelan una pulseada entre sectores chapacos y cruceños por el control de negocios derivados de la gestión pública, así como una relación muy cercana entre Cerimedo y la familia Paz Pereira. Uno de los audios registra a Catalina Paz pidiendo apoyo a Cerimedo ante problemas en la gestión de Comunicación; otro muestra al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Liebers, alertando a Cerimedo sobre las intenciones de Óscar Mario Justiniano en el sector de Hidrocarburos; y el tercero registra a Cerimedo acudiendo a la primera dama, María Elena Urquidi, para que intervenga y ponga límites al recién nombrado ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. La naturalidad de las conversaciones y las verificaciones técnicas han generado bastante certeza sobre su contenido. El presidente Paz Pereira, sin embargo, insiste en que se trata de manipulaciones realizadas con inteligencia artificial y parte de una guerra sucia.
El Gobierno también enfrenta un problema de calendario. En pocos días se cumplirá el primer año de gestión, período en el que se han elevado las tarifas del combustible, se ha anunciado el fin de los subsidios para el 1 de enero, se ha liberado el dólar, se ha recurrido al FMI y se han mantenido cuatro meses bajo Estado de Excepción. No obstante, analistas políticos y económicos recuerdan que aún no se ha logrado viabilizar una reforma constitucional, no se han aprobado leyes clave como la de Inversiones o la de Hidrocarburos, no se ha reformado el sistema de justicia, no se ha completado el Tribunal Constitucional ni se ha avanzado de manera concreta en el esquema 50-50 más allá de anuncios generales.
Mientras tanto, los movimientos sociales han utilizado octubre para reorganizarse, declararse en emergencia y volver a posicionarse, aunque sin generar grandes movilizaciones. Ni siquiera Evo Morales ha logrado convocar a sus bases de manera significativa, en medio de lo que se describe como un pacto de no agresión. Los 50 días de bloqueos de mayo y junio dejaron un costo alto ante la opinión pública, por lo que el actual repliegue se interpreta como táctico. Los dirigentes sociales consideran que la situación económica de las familias se agravará aún más y que las reacciones naturales podrían surgir a partir del 1 de enero, cuando las medidas acordadas con el FMI se apliquen en su totalidad.