Gutiérrez: Los asambleístas suplentes deben desaparecer
“Le debemos una disculpa a la gente”. El reconocimiento del asambleísta departamental Marco Gutiérrez resume la autocrítica que hizo sobre el prolongado conflicto en torno al presupuesto de la Gobernación de Tarija para 2027. El jefe de bancada de Camino al Cambio, fuerza oficialista que no cuenta con mayoría propia en la Asamblea Legislativa Departamental, admitió que los desacuerdos y la falta de voluntad política demoraron una decisión que, en sus palabras, debía tomarse por obligación institucional.
En entrevista con el programa Parlamento de elpaís.bo, Gutiérrez afirmó que el presupuesto ya fue aprobado y registrado ante el Ministerio de Economía, aunque cuestionó algunas modificaciones introducidas durante su tratamiento, que considera ilegales. Aseguró que esos cambios no anulan aspectos que considera importantes para la gestión del próximo año. El asambleísta mencionó un techo presupuestario aproximado de 595 millones de bolivianos y defendió la propuesta del Ejecutivo departamental, al sostener que refleja el programa de gobierno de Camino Democrático para el Cambio (CDC).
Frente a las críticas opositoras por la falta de actas de socialización, argumentó que la normativa no las establece como requisito imprescindible y señaló que más de 40 sectores habían exigido que el presupuesto fuera tratado en sesión. Entre las prioridades que destacó figura un incremento del 264% en el presupuesto de salud respecto a 2026, además de la recuperación del Plan de Empleo Urgente bajo un enfoque productivo, con algo más de siete millones de bolivianos, y un aumento del 64% en programas sociales. También mencionó iniciativas de gobierno electrónico y la creación de un programa departamental de salud mental.
Las cifras corresponden a la descripción que hizo el legislador sobre el presupuesto y deberán contrastarse con el documento aprobado y sus anexos para establecer los montos efectivos y la disponibilidad de recursos. Una Asamblea que, según Gutiérrez, debe cambiar Más allá del presupuesto, el asambleísta planteó que la Asamblea necesita revisar su funcionamiento y recuperar atribuciones que, a su juicio, han quedado relegadas. “La Asamblea no puede legislar por legislar”, sostuvo, al cuestionar la aprobación de normas que asignan recursos sin garantizar capacidad de ejecución, invaden competencias de otros niveles de gobierno o quedaron desactualizadas frente a cambios normativos.
Camino al Cambio trabaja en una propuesta preliminar para iniciar el saneamiento legislativo de alrededor de 100 leyes departamentales. La revisión, explicó, no implicaría necesariamente abrogarlas todas: algunas podrían fusionarse, modificarse o actualizarse, mientras que otras deberían ser eliminadas. Gutiérrez también cuestionó el reglamento interno de la Asamblea, al que calificó como una copia deficiente del reglamento de la Cámara de Diputados, con contradicciones y vacíos que afectan el trabajo legislativo.
Consideró que estas reformas deberían encararse antes de que concluya el año. En paralelo, reclamó una fiscalización que vaya más allá de las declaraciones públicas y los episodios mediáticos. Dijo que su bancada investiga infraestructuras departamentales abandonadas o sin utilidad y anticipó que buscará impulsar su rehabilitación.
Reducción de escaños y el conflicto por el 45% El legislador reiteró su respaldo a reducir la cantidad de asambleístas departamentales y eliminar los escaños suplentes. Considera que la actual composición, de 30 titulares y sus respectivos suplentes, genera un gasto innecesario y ralentiza el trabajo institucional. Además comparte que los asambleístas suplentes deben desaparecer.
Sin embargo, la reducción de escaños depende de pasos jurídicos y políticos pendientes. Gutiérrez explicó que en agosto la bancada acudió al Tribunal Constitucional para solicitar que se emita una declaración que permita avanzar con la ley aprobada en la anterior legislatura, habilitar un referéndum y modificar el Estatuto Autonómico. Según relató, la falta de quórum en el tribunal impide resolver el asunto y pidió a los representantes nacionales de Tarija que ayuden a gestionar una solución.
Otro conflicto sin salida clara es la distribución del 45% de los recursos departamentales que reclaman las provincias. Gutiérrez sostuvo que el debate se está postergando y anticipó que la disputa podría reordenarse cuando avance la discusión nacional sobre el pacto fiscal. A su juicio, una eventual coparticipación tributaria nacional no necesariamente resolverá la distribución interna de regalías e ingresos por hidrocarburos, porque se trata de fuentes distintas.
También advirtió que las posiciones podrían organizarse más por la representación territorial de los municipios que por las siglas políticas, lo que podría generar nuevas tensiones. Tariquía: desarrollo con participación de las comunidades Sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Gutiérrez defendió la consulta previa y el cumplimiento de la normativa ambiental. Acusó al Gobierno anterior de haber pasado por encima de esos procedimientos y dijo que la actual administración todavía tiene la oportunidad de actuar de manera diferente.
El asambleísta afirmó que Camino al Cambio mantiene una posición de defensa de la reserva y respaldó la iniciativa de la gobernadora María René Soruco de ampliar el debate más allá de la disyuntiva entre exploración y explotación de hidrocarburos. “Mientras eso se va agotando, la gente sigue viviendo igual o peor que antes”, resumió, al plantear un modelo de desarrollo integral y participativo para las comunidades de la zona. Gutiérrez sostuvo que su bancada buscará combinar el respaldo a la gestión departamental con una mayor fiscalización.
La prueba, sin embargo, estará en que las propuestas de revisión legislativa, reforma institucional y recuperación de infraestructura se traduzcan en decisiones concretas, en una Asamblea que él mismo reconoce que arrastra problemas de funcionamiento y consensos.