Bagayeros dan 15 días para frenar trabas al comercio
La Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco levantó el bloqueo del puente internacional de San José de Pocitos, en Yacuiba, tras firmar un acta de compromiso con autoridades nacionales, regionales y policiales. El acuerdo establece un plazo de 15 días para presentar avances en la atención de sus demandas contra las restricciones impuestas por la Aduana argentina al comercio fronterizo. La protesta interrumpió el paso del transporte pesado de carga y de pasajeros internacionales, dejando varadas a flotas de empresas como La Preferida y Quirquincho.
Sin embargo, el tránsito peatonal se mantuvo habilitado bajo resguardo de efectivos de ambos países. El presidente del gremio, Ramiro Alarcón, explicó a Radio Soberanía de Yacuiba que las nuevas disposiciones argentinas limitan a 10 kilogramos el ingreso de productos como harina, soja y maíz. Según el dirigente, la harina es una de las principales herramientas de trabajo de los bagayeros y las restricciones redujeron su actividad al 30% de su capacidad.
El sector advierte que esta situación afecta el sustento de más de 1.100 familias de San José de Pocitos y Barrio Nuevo, que dependen del trabajo vinculado al traslado de mercancías en la frontera. Las negociaciones para resolver el conflicto fueron impulsadas desde primeras horas del día por el comandante de frontera policial, coronel Lisandro García. En el diálogo también participaron la senadora Rosalba Romero, el asesor del Gobierno Regional Juan Carlos Nallar y el representante de la Defensoría del Pueblo, Walter Portillo.
El acta suscrita compromete a las autoridades a atender las demandas del sector, presentar avances en un plazo de 15 días y mantener una comunicación permanente con los dirigentes para hacer seguimiento a las gestiones. Tras la firma del documento, los bagayeros levantaron la medida de presión y se restableció el tránsito internacional. Municipios argentinos acuden a la Justicia En paralelo, los municipios argentinos de Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de frenar las restricciones al comercio fronterizo con Bolivia.
La demanda fue presentada por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, ante la Justicia Federal de Salta. Ambos solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución General 5910/2026, que modificó las condiciones para el egreso de mercaderías bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. Además, pidieron una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa en ambos pasos fronterizos y restablecer las condiciones anteriores.
Entre las disposiciones cuestionadas figura el límite de 150 dólares diarios por persona para sacar mercadería de Argentina y las restricciones al traslado de granos, combustibles y productos en envases de 10 kilogramos o más. La acción judicial se suma a los reclamos de comerciantes y sectores fronterizos del norte de Salta, que advierten sobre las consecuencias de estas medidas en las ventas, el empleo y los ingresos de las familias que dependen del intercambio comercial entre Argentina y Bolivia.