Alcaldes piden ser parte del 50/50 y menos cargas fiscales
Los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto demandaron ser incorporados a las negociaciones del pacto fiscal 50/50, que hasta ahora se han concentrado exclusivamente entre el Gobierno central y las gobernaciones. En una reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) realizada en La Paz, exigieron participar en el debate y plantearon aliviar las cargas financieras de los municipios, entre ellas el pago del bono para personas con discapacidad. Además, advirtieron que el alza del precio del diésel está poniendo en riesgo la continuidad de obras públicas y la prestación de servicios básicos.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó una propuesta según la cual, hasta 2030, el 50% de los recursos de coparticipación tributaria se mantendría en el nivel central, mientras que el otro 50% se distribuiría entre municipios (36%), gobernaciones (6,7%) y universidades (7,3%). Explicó que el cambio se implementaría de manera gradual en cuatro etapas, entre 2027 y 2030, para evitar un ajuste brusco en las finanzas de los diferentes niveles del Estado. Dockweiler insistió en que las alcaldías no están en contra del Gobierno nacional ni de las gobernaciones, pero recordó que son las que atienden las necesidades cotidianas de la población, como calles, transporte y problemas vecinales.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, respaldó la idea de una negociación amplia e incluyente, aunque advirtió que los porcentajes no pueden imponerse sin consenso. “Es necesario un gran debate entre todos los involucrados”, señaló. La AMB también cuestionó que el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 contemple solo un 1% de coparticipación para las nueve gobernaciones, equivalente a alrededor de Bs 550 millones, sin incluir a los municipios en las conversaciones. Los alcaldes exigen conocer las bases técnicas de la propuesta y garantías de que sus ingresos actuales no se verán afectados.
Entre otras demandas, pidieron que el Tesoro General de la Nación asuma el financiamiento del bono para personas con discapacidad, modificando la Ley 977, tal como ocurrió con la Ley 1771 promulgada el 30 de septiembre, que transfirió al nivel central los prediarios y gastos penitenciarios que antes cubrían las gobernaciones, por un monto de Bs 209,5 millones. Asimismo, solicitaron la devolución de recursos retenidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por un monto estimado en $us 701 millones. Los alcaldes dieron plazo hasta el viernes 13 de noviembre para que el Ejecutivo apruebe un decreto que permita actualizar los precios de los contratos de obras públicas, ante el encarecimiento del diésel que ha dejado proyectos paralizados. La AMB convocó para el lunes 16 de noviembre un nuevo encuentro en La Paz con otras asociaciones municipales para definir una posición conjunta e invitar al Gobierno a negociar.