Gobernadores y FAM exigen al Gobierno cumplir sus acuerdos
El tiempo se agota para la aprobación del Presupuesto General del Estado 2027. Los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, con los gobernadores, con los municipios y con sectores sociales deben concretarse en la norma o quedar pendientes. Mientras el presidente Rodrigo Paz, el ministro de la Presidencia Fernando Aramayo y el ministro de Economía Christian Morales se encuentran en España, el Ejecutivo remitió al Legislativo una ley que modifica la Ley Marco de Autonomía para garantizar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones, aunque el proceso continúa denominándose “50-50”.
Como reacción, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, que agrupa a las 335 alcaldías del país y es presidida por el alcalde de Cercado, Johnny Torres, envió una tercera carta al Ejecutivo exigiendo respuestas concretas. Hace mes y medio, en una reunión realizada en Santa Cruz el 23 de septiembre, el Gobierno se comprometió a explicar la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado a la Ley de Incentivos, pero hasta ahora no ha convocado a los alcaldes ni ha respondido las misivas enviadas.
En paralelo, pesan los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares, que exigen un plan económico con el fin gradual de las subvenciones y la reducción del déficit fiscal del 10-12% esperado para este año hasta el 6,7% en 2027. Sin embargo, el anteproyecto del PGE 2027 mantiene 11.000 millones de bolivianos destinados a subvenciones al combustible.
Respecto al 1% de coparticipación, el debate se mantiene centrado en la cantidad de recursos más que en las competencias que deben asumir las gobernaciones. El Gobierno presentó su anteproyecto, que llega al 1% sin vincularlo a gastos específicos, aunque permite convenios posteriores. La propuesta incluye siete impuestos coparticipables: IVA, IUE, IT, RC-IVA, ICE, gravamen aduanero e Impuesto de Salidas al Exterior. Según cifras de 2024, la recaudación superó los 45.000 millones de bolivianos, por lo que el 1% equivaldría a cerca de 450 millones de bolivianos. La norma deja a criterio de los gobernadores la forma de distribución entre departamentos y establece que la adhesión sea voluntaria. Las gobernaciones consideran insuficiente el porcentaje y advierten que, en el actual contexto de crisis, la recaudación podría caer por menor actividad económica. Los alcaldes, por su parte, reclaman la devolución de recursos del Fondo de Incentivos a la Exploración Petrolera, que según certificación del Banco Central de Bolivia alcanza los 700 millones de dólares y que desde 2017 no ha generado los resultados esperados.
Analistas y cívicos sostienen que el problema de fondo no se resuelve ajustando porcentajes, sino mediante un Pacto Fiscal que defina competencias y fuentes de financiamiento de manera estructural, o eventualmente a través de una Asamblea Constituyente que acuerde un modelo de Estado de largo plazo. El Gobierno postergó para el primer semestre de 2027 cualquier discusión sobre reforma constitucional, que de todos modos requeriría acuerdo en la Asamblea Legislativa y aprobación en referéndum.