Gobernadores suben el tono y exigen mayor coparticipación
La difusión de un comunicado por parte del Ministerio de la Presidencia, mientras su titular acompaña al presidente Luis Arce en una visita a España, terminó por agotar la paciencia de la mayoría de los gobernadores. Estos habían recibido el viernes pasado una propuesta para incluir solo un “1% de coparticipación tributaria” en el marco del proceso conocido como “50-50”.
Solo dos gobernadores avalaron el acuerdo: Luis Revilla, de La Paz, y Jesús “Tito” Égüez Rivero, del Beni, ambos pertenecientes a la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo, que respaldó al oficialismo en las elecciones subnacionales de marzo. En cambio, la gran mayoría rechazó la oferta, entre ellos María René Soruco, de Tarija; Juan Pablo Velasco, de Santa Cruz; Edgar Sánchez, de Oruro, y Leonardo Loza, de Cochabamba. Los gobernadores criticaron el enfoque centralista del Gobierno tras más de tres meses de negociaciones en diversas mesas técnicas.
En Santa Cruz, Velasco ha sido especialmente activo y ya cuenta con el respaldo del Comité Cívico para movilizarse exigiendo un Pacto Fiscal definitivo que permita a las gobernaciones ejercer su autonomía. En Tarija también se evalúan medidas de rechazo ante un monto que consideran insuficiente. “El compromiso alcanzado en agosto hablaba de llegar al 15% en 2031, pero es irrisorio partiendo de un 1%”, señaló el secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero. Este sostiene que, más allá de los cálculos, se requiere voluntad política para cumplir el acuerdo y lograr una gestión más eficiente en todo el Estado.
El Ministerio de la Presidencia difundió un comunicado con cinco supuestos acuerdos, los que son negados de manera categórica por las gobernaciones. El plazo límite fijado es el 6 de noviembre, fecha en que las gobernaciones deben enviar su propuesta de proyecto de ley con un piso mínimo dentro de una fórmula de cálculo razonable. Entre los puntos figuran la asignación de un 1% de la coparticipación tributaria, la transferencia del Régimen Agrario Unificado (RAU), la condicionalidad de los recursos al crecimiento vegetativo de Salud, un vago compromiso de estudiar mejoras futuras y la incorporación de alícuotas departamentales adicionales a los impuestos coparticipables, lo que abriría la puerta a diferentes tasas de IVA entre departamentos. Las gobernaciones han descartado por ahora cualquier aumento de impuestos, argumentando que el país enfrenta una crisis y una posible recesión. Mientras tanto, el viceministro Wilson Santamaría afirmó que no existen excedentes para redistribuir y que cualquier recorte afectaría salud, educación, infraestructura o el sostenimiento de las fuerzas del orden.
Aunque la reforma tributaria es un tema recurrente en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Bolivia ha sido postergada. El acuerdo de política económica con el FMI menciona un futuro compromiso para una reforma fiscal, sin entrar en detalles concretos. Habitualmente, el organismo recomienda elevar el IVA y fortalecer tributos similares al IUE y RC-IVA, aunque en Bolivia el principal problema radica en la reducida base de contribuyentes, que no se ampliaría solo con alzas impositivas.