Ley busca frenar deudas por vehículos que fueron vendidos

El proyecto de ley que busca desvincular tributariamente a las personas que vendieron sus vehículos, pero que aún figuran como propietarias en los registros, se encuentra actualmente en el Ejecutivo Municipal de Tarija para su evaluación técnica y financiera. El presidente del Concejo Municipal, Marcelo Zenteno, informó que una vez concluido ese análisis, la propuesta deberá volver al pleno del Concejo para su aprobación y posterior reglamentación. Hasta el momento no existe una fecha definida para su aplicación.

La iniciativa fue presentada alrededor del 16 de septiembre y fue derivada a la Dirección de Ingresos, que debe estudiarla, emitir un informe con las observaciones pertinentes y devolverla al Concejo. “Este proyecto ya se encuentra en el Ejecutivo, ha salido de las comisiones, ha sido transferido al Ejecutivo para su análisis técnico y financiero. Está en la Dirección de Ingresos. Ellos nos van a devolver ese informe con las observaciones que crean pertinentes y luego eso va a pasar al pleno ya para su aprobación”, explicó Zenteno.

La norma busca resolver la situación de quienes vendieron sus motorizados, pero los compradores no realizaron la transferencia de propiedad. Como consecuencia, los vehículos siguen registrados a nombre de los antiguos dueños, quienes pueden acumular deudas tributarias municipales e incluso enfrentar el congelamiento de sus cuentas bancarias, a pesar de no tener los automóviles en su poder.

Zenteno reconoció que aún no hay un cronograma definido para la aprobación de la ley ni para que los afectados puedan presentar declaraciones juradas. Señaló que otros municipios del país ya han aprobado normativas similares, lo que permite tener confianza en que el proyecto avance sin mayores dificultades. El mecanismo contempla que los antiguos propietarios presenten una declaración jurada para desvincularse del RUAT, tras lo cual se informaría a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para suspender el carguío de combustible de esos vehículos. De esta forma, se busca que los actuales poseedores se vean obligados a regularizar la transferencia y pagar las obligaciones pendientes. La aplicación efectiva de esta medida dependerá de la aprobación de la ley, su reglamentación y la coordinación con las instituciones involucradas.