Sala plena del Consejo de la Magistratura entra en contradicciones y se investiga nexos de sus miembros con Mariaca
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que se investiga presuntos nexos del exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, con el Consejo de la Magistratura. “Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”, declaró Oviedo a un medio de comunicación local.
Dos procesados por el caso de las 32 maletas que ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos en 2025 involucraron, por separado, al exfiscal general Róger Mariaca y al magistrado Rómer Saucedo. La exdiputada Laura Rojas atribuyó al todavía presidente del Tribunal Supremo de Justicia la propiedad del equipaje, mientras que el exjuez Hebert Zeballos habló de una supuesta protección de Mariaca para retirar las maletas del aeropuerto de Viru Viru. Mariaca se encuentra actualmente detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en tanto que Saucedo se declaró en el exilio.
Este lunes, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió un comunicado respecto a un departamento que un asesor de la presidencia de esa instancia habría alquilado al exfiscal Mariaca. Sin embargo, más temprano la misma institución había difundido, a través de sus redes sociales, otro comunicado en el que negaba esa información. En el primer texto se precisaba que ningún asesor de la presidencia del Consejo de la Magistratura había efectuado el alquiler atribuido a Carlos Spencer y se rechazaba la difusión de afirmaciones sin sustento que pudieran generar confusión pública y afectar la imagen institucional.
Horas después, las cuentas oficiales del Consejo de la Magistratura publicaron un segundo comunicado que desautorizó el anterior. Los consejeros Manuel Baptista y Gabriela Araoz marcaron distancia del primer texto, señalaron que no fue sometido a consulta, deliberación ni aprobación de la Sala Plena y, por tanto, no representa una posición institucional. Ambos cuestionaron la emisión de afirmaciones categóricas sobre hechos que podrían ser materia de investigación penal y recordaron que corresponde al Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Boliviana, esclarecer los hechos, verificar posibles vínculos y determinar responsabilidades individuales.