Constructores rompen el diálogo con el Gobierno, exigen a Paz reajustar contratos y pagar deudas de obras públicas
El sector de la construcción en Bolivia rompió las instancias de diálogo con el Gobierno y exigió al presidente Luis Arce asumir directamente la atención de la profunda crisis que atraviesa la actividad. El Bloque de la Construcción considera insuficientes las medidas aplicadas hasta ahora para compensar el fuerte incremento de costos en las obras públicas y reclama soluciones contractuales, financieras y operativas que permitan recuperar la sostenibilidad económica de las empresas.
En un comunicado difundido este lunes 9 de noviembre, el sector declaró inefectivas las reuniones sostenidas con las autoridades sectoriales y rechazó continuar participando en mesas técnicas que, según su evaluación, no cuentan con la capacidad real para resolver los problemas estructurales. La decisión responde a la falta de resultados concretos y a la aplicación insuficiente del Decreto Supremo 5597, aprobado precisamente para atender los desequilibrios económicos de los contratos de obra pública. El bloque, integrado por la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción (CSTCB), sostiene que dificultades operativas y administrativas impidieron que esa norma resolviera de manera integral la crisis.
Según el sector, el incremento extraordinario de los costos de materiales, combustibles, equipos y servicios, sumado a las distorsiones cambiarias, ha deteriorado gravemente la capacidad financiera de las empresas y ha dejado los contratos bajo condiciones económicas sustancialmente distintas a las originalmente pactadas. Entre las principales demandas destacan la creación de un mecanismo permanente de reajuste de precios mediante una fórmula polinómica que incorpore materiales, mano de obra, insumos, combustibles y costos de operación de equipos. Este sistema debería aplicarse tanto a contratos en ejecución como a los futuros, en reemplazo de los ajustes excepcionales.
El bloque exige además la actualización inmediata de los presupuestos referenciales con precios de mercado vigentes, la aplicación plena del DS 5597 mediante la firma de contratos modificatorios, el abastecimiento garantizado de diésel para las obras o el reconocimiento del costo real del combustible importado, el pago de las diferencias cambiarias en componentes dolarizados, un cronograma cierto para el pago de las planillas adeudadas y ampliaciones de plazo sin multas cuando los retrasos se deban a la escasez de combustible o insumos. El sector ratificó el estado de emergencia y condicionó la reanudación del diálogo a la existencia de soluciones concretas, mecanismos de implementación inmediata y garantías de cumplimiento, advirtiendo que la crisis compromete la continuidad de la inversión pública, la ejecución de infraestructura, la estabilidad de las empresas y las fuentes de empleo vinculadas al sector, que tiene un efecto transversal en toda la economía nacional.