Alcaldes dan plazo al Gobierno hasta el viernes y fijan una fecha clave para negociar por los recursos
Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto dieron plazo hasta este viernes 13 de noviembre al Gobierno nacional para que emita un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos de obras municipales. La medida busca enfrentar el alza de los costos de construcción y operación provocada por el retiro de la subvención a los combustibles.
La determinación forma parte de una hoja de ruta acordada este lunes en una reunión de coordinación en la que las autoridades municipales unificaron demandas para exigir una mayor redistribución de recursos, la devolución de fondos retenidos y medidas urgentes que garanticen la continuidad de las obras y los servicios públicos. La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, explicó que varias inversiones se encuentran paralizadas y que algunas empresas se resisten a continuar los trabajos porque los precios ya no cubren sus costos. “Muchas obras de inversión se han paralizado. Muchas otras están al borde de una rescisión de contrato. Otras tantas están a la firma porque muchas empresas no quieren trabajar a pérdida”, advirtió.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, alertó sobre el impacto del incremento del diésel, que pasó de Bs 9 a Bs 18 por litro, tanto en la ejecución de proyectos como en servicios como el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte municipal. Planteó la necesidad de un programa de readecuación financiera y el cumplimiento de compromisos pendientes con entidades estatales de financiamiento.
Los alcaldes anunciaron que el próximo lunes 16 de noviembre se realizará una nueva reunión en La Paz con la participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones del sistema asociativo municipal. La convocatoria busca incorporar también a municipios pequeños e intermedios para consolidar una posición conjunta del municipalismo frente al Gobierno. Entre las principales demandas figura la construcción de un pacto fiscal vinculante que permita avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos bajo el esquema “50/50”, de manera progresiva y consensuada. Los ediles proponen avanzar gradualmente hacia esa meta hasta 2030, con cuatro etapas, y exigen la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenidos durante 2025, además de la suspensión de nuevas retenciones para 2027.