El Cordón Ecológico entra en auditoría tras más de 130 supuestos propietarios y 65 hectáreas taladas
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, constató la tala de más de 60 hectáreas en el Cordón Ecológico del río Piraí y advirtió que los responsables enfrentarán sanciones penales y económicas. La autoridad detalló que desde octubre se encuentra en marcha una auditoría para esclarecer la situación legal de los terrenos y determinar quiénes están detrás de los desmontes.
“Esa es una zona donde no se puede desmontar, eso ya es un delito. No son dos ni tres hectáreas, ahí ha habido un crimen ecológico que tiene que ser sancionado. Ya hemos hecho la denuncia penal y vamos también a avanzar con multas. El daño es irreversible. La plata no devuelve a los árboles, la plata no devuelve una zona que nos tiene que proteger a los cruceños. Desde el mes pasado ya hemos empezado la auditoría al cordón ecológico”, señaló Saavedra.
El burgomaestre manifestó su preocupación por el aumento de personas que reclaman derechos propietarios sobre estos terrenos. Explicó que inicialmente existía registro de unos 67 supuestos propietarios, pero que la cifra ya supera las 130 personas. “Fíjense ustedes que en un inicio eran aproximadamente 67 dueños, hoy son más de 130. ¿Qué pasó ahí? Se está también revisando el lecho original del río, con el turbión que hubo en los años 80, el lecho avanzó y ha aparecido gente que supuestamente dice que era dueño de partes donde estaba el río”, indicó.
Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con el municipio, anunció procesos administrativos y legales contra las urbanizaciones involucradas. Las inspecciones detectaron 65 hectáreas afectadas en el área conocida como BP1 o llanura de inundación, que actúa como barrera natural de protección ante las crecidas del río Piraí. Ambas instituciones realizan una auditoría jurídica, técnica y ambiental para determinar la legalidad de los terrenos, identificar a sus propietarios y aplicar eventuales sanciones penales, desalojos o restauración de las zonas intervenidas. El subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, advirtió que se actuará contra cualquier nueva urbanización que busque licencias ambientales en sectores donde las construcciones no están permitidas. En paralelo, la Gobernación gestiona ante la CAF un financiamiento de Bs 379 millones para obras de protección en la fase seis del Servicio de Encauzamiento de Ríos.